IMPULSO/Octavio Rodríguez Araujo
La nota principal de La Jornada del martes pasado fue que la iniciativa privada, concretamente la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), demandaban al gobierno frenar ya la inseguridad. Manifestaron inconformidad por la inacción oficial que ha dañado severamente a la economía y a la inversión.
El presidente de la Coparmex propuso “seis medidas urgentes para combatir la violencia y el crimen: prevención del delito, diseñar una ‘arquitectura institucional’, mejorar el sistema penitenciario y la procuración de justicia, corregir errores de ‘tipología penal’ y profesionalizar a los policías.”
Por el estilo fue la opinión del presidente del CCE, y su propuesta no fue muy diferente a lo que ha estado haciendo el gobierno: “que no se postergue más la profesionalización de las policías [que sigue siendo una tarea pendiente], que se multipliquen los elementos donde sea necesario y se coordinen acciones con las fuerzas armadas cuando las autoridades civiles sean rebasadas por la delincuencia”. Es decir, sobre todo en el CCE, más de lo mismo, con variantes o, si se prefiere, violencia contra violencia y no otra opción.
Aun así y tomando en cuenta los matices diferenciadores, quizá habría que recordarle al dirigente de la Coparmex que el gobierno de Peña Nieto abandonó la idea de prevenir el delito, que algunos beneficios le habían traído al país al principio de su mandato (disminución relativa de asesinatos, por ejemplo), precisamente cuando El Chapo se fugó de la cárcel por segunda vez (julio de 2015).
Quizá porque el gobierno consideró que la fuga de El Chapo era una burla o porque significaba un desafío que debía enfrentar, el hecho es que retomó la política de Felipe Calderón y con ésta aumentaron la violencia, el crimen y la inseguridad.
Ha sido claro, desde entonces hasta ahora, que la militarización de la lucha contra el crimen organizado no sólo ha sido un fracaso sino que la violencia y los delitos han aumentado más que nunca antes en las últimas décadas.
Junto con dicha militarización y los “daños colaterales” (incluso en violaciones a los derechos humanos) ha aumentado también el asesinato de periodistas y de políticos de diversos niveles y lugares del país, como si se tratara de una advertencia de lo que puede pasar en lo que falta del proceso electoral. Esta posibilidad, si de verdad se trata de una advertencia, es muy peligrosa para los comicios en puerta, pues el miedo y el sentimiento de impotencia ante la inseguridad pueden afectarlos seriamente.
Muchos mexicanos estamos en contra de que se continúe por más tiempo la política gubernamental para enfrentar el crimen, y no estamos de acuerdo por una sencilla razón: ha sido contraproducente; hay ahora más temor a salir a la calle que hace 15 años y hay más muertos, desaparecidos y desplazados forzados que antes de que Calderón iniciara esta guerra que no quiso llamarla por su nombre.
Si el año pasado fue considerado el más violento de la historia contemporánea del país, este año podría rebasarlo y nadie, ni los empresarios, estaríamos conformes con ello. Sin embargo, los empresarios parecen pecar de ingenuos al pensar que por su demanda Peña Nieto podrá hacer algo distinto en lo que le queda de gobierno.
No hay indicios para ser optimistas, sino más bien lo contrario. De hecho su candidato Meade ha insistido en continuar con esta política y Anaya también, si cualquiera de los dos llegara a ganar la Presidencia (toco madera).
Lo que está a discusión en estas elecciones, y no sólo en materia económica y social, es más de lo mismo o un cambio. Se dice, a mi juicio con razón, que AMLO no ha precisado su política contra el crimen en caso de ganar la Presidencia, pero a diferencia de sus contrincantes ha manifestado expresamente su desacuerdo con seguir la misma senda de Calderón y de Peña.
La ruta de la experimentación y del análisis y discusión de lo que se podrá hacer siempre será mejor propuesta que la continuidad de lo que ya ha fracasado con gravísimas consecuencias para el país y no sólo para las inversiones.
Los representantes patronales debieran ser más pacientes y no pedirle peras al olmo.
Peña Nieto no frenará la inseguridad en los meses que le quedan de gobierno, tampoco lo harán sus derivados electorales, ni Meade ni Anaya. La alternativa es buscar alternativas, aunque parezca redundante, y no seguir haciendo lo que bien hemos visto que ha fracasado con muy altos costos para la población.
