Diciembre 23, 2024
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Empresarios denuncian a Protección Civil y Normatividad

IMPULSO/ Agencia SUN
Naucalpan
“¡Paren la corrupción!”, pidieron dirigentes de seis cámaras empresariales, quienes afirmaron estar desesperados por actos de extorsión en áreas de Protección Civil y Normatividad de este municipio, donde cuadrillas de inspectores piden de 2 mil a un millón de pesos de “mordida”, señaló en conferencia de prensa, Marcela Márquez Oliveras, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac) en el Valle de México.
Dirigentes de la Canirac, COPARMEX Metropolitano, CANACO, Canacintra, Cocemin y Asociación de Bares y Restaurantes (Asbar) del Estado de México, pidieron la intervención en Naucalpan de la Fiscalía Anticorrupción; al tiempo que anunciaron que realizarán un paquete de denuncias con sus abogados y notarios públicos, por el cúmulo de extorsiones que se intensificaron con la llegada del alcalde sustituto, Víctor Gálvez Astorga “quien quizá solo tiene ocho meses para robar”, aseveró Marcela Márquez Oliveras.
A su vez Omar Tinajero Cortés, subdirector de Normatividad Comercial de Naucalpan, afirmó que para evitar actos de corrupción en verificadores expide gafetes con vigencia de un día, que señalan la fecha y la zona de cobertura, al tiempo que de mayo a la fecha ha dado de baja a cuatro inspectores por denuncias de extorsión; admitió que realiza una regularización total de todos los comercios que operan en este municipio.
Para recibir denuncias de extorsión o exigencia de dádivas, en la expedición de licencias de funcionamiento está el número 53737888 con la extensión 121, afirmó Omar Tinajero. A su vez el titular de Protección Civil, César Gómez, rechazó que su corporación tenga línea de extorsionar a empresarios, pues con el inicio de la temporada de lluvias y tormentas el personal está dedicado a monitorear y responder en caso de emergencia.
No obstante inspectores y verificadores “nos exigen ‘apoquinar’ de 5 mil a 50 mil pesos, así como teléfonos, tabletas electrónicas o lo que les convenga”, dependiendo de cada empresa, para liberar trámites que tienen detenidos, lamentó Arturo Beteta del Río, presidente de Confederación patronal de la República Mexicana (Coparmex) Metropolitano.
“En un solo día a un empresario le llegaron a querer clausurar 14 establecimientos”, lamentó Beteta del Río, quien señaló que estas extorsiones se incrementaron en los últimos meses.
“Piden desde 200 mil pesos por el Dictamen Único de Factibilidad, de las licencias de funcionamiento pese a que cumplimos con todos los requerimientos, es “plan de maña” de no entregar las licencias de 2018, que debieron entregar en los primeros meses del año, reiteró Marcela Márquez, quien señaló que funcionarios municipales exigen una serie interminable de requerimientos absurdos, en una sobre-regulación que no puede ser.
De los 125 municipios del Estado de México, Naucalpan es donde más problemas tenemos por extorsión por parte de los verificadores, la mejora regulatoria ha eliminado requisitos para poder operar, acorde a la Ley de competitividad, únicamente necesitaríamos el recibo de pago de derechos de la tesorería y el Dictamen Único de Factibilidad, para renovar cada año la licencia de funcionamiento, pero aquí nos piden dinero para otorgar las revalidaciones, pese a que cumplimos con todos los requisitos, lo cual condenamos”, afirmó Patricio González Suárez presidente de Asbar.
“Por el miedo de enfrentar una clausura, los empresarios sueltan dinero que va desde 2 mil pesos a la papelería hasta uno o dos millones de pesos a grandes cadenas”, reiteró
Normatividad, Protección Civil y Licencias, son las áreas municipales con mayor corrupción, apuntaron los dirigentes empresariales quienes se mostraron a favor de la regulación y el cumplimiento de las normas de seguridad y de la cultura de la prevención.
Carlos Aparicio lamentó que “no podemos tapar el sol con un dedo” ante la extorsión de que somos víctimas creamos una comisión jurídica, donde nuestros abogados, trabajarán de forma con junta apoyados de notarios públicos, para documentar estos actos de molestia y de actos de corrupción.