IMPULSO/ Agencia SUN
Michoacan
Tras cinco horas de movilizaciones, agremiados de los diferentes sindicatos de los tres poderes del estado e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fueron desalojados de las calles por la fuerza pública, lo que generó una serie de enfrentamientos que dejaron al menos 15 personas detenidas.
Los bloqueos viales a las cuatro entradas a la capital michoacana se derivaron del plan de acciones con el que los más de 50 mil trabajadores exigen que les sean cubiertos más de 370 millones de pesos que les adeudan del fondo de pensiones.
Mientras los trabajadores de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial cerraron calles y tomaron edificios públicos, la CNTE bloqueó los cuatro accesos a la ciudad para exigir el pago del adeudo que por desfalco tienen las autoridades estatales con el sistema de pensiones.
En respuesta, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) implementó un operativo para que, con el uso de la fuerza pública, fueran liberadas las entradas a la ciudad, lo que originó al menos tres enfrentamientos.
El primer desalojo se realizó en la salida a Salamanca, donde se registraron dos encontronazos y en los que los elementos de la SSP detuvieron a 15 manifestantes de la CNTE.
Otro de los enfrentamientos tuvo lugar en avenida Periodismo y Madero Poniente, en el que los policías lanzaron gases lacrimógenos contra los integrantes de la CNTE hasta replegarlos. El ala magisterial disidente y los delegados sindicales condenaron el uso de la fuerza pública para acabar con las manifestaciones.
Esta movilización fue confirmada desde el pasado lunes, luego de que la autoridad les propusiera solamente “abonarles” una parte que el gobierno adeuda con la clase trabajadora a través de su sistema de pensiones, a pesar de que sí les realizaron los descuentos a su nómina.
Indemnización total. Rogelio Andrade Vargas, líder del Sindicato de Trabajadores Al Servicio del Poder Legislativo (Stasple), informó que el objetivo principal es que el gobierno pague lo que le adeuda a la Dirección de Pensiones Civiles del estado.
El líder sindical del Poder Legislativo señaló que ese adeudo es de 370 millones de pesos y se ha disparado a más de 400 millones por los intereses generados, lo que afectó a los más de 50 mil contribuyentes al fondo de la Dirección de Pensiones.
Entre los cerca de 50 mil trabajadores afectados, agregó, están siete mil jubilados y pensionados. Dijo que incluido el monto que les descuentan por concepto de préstamos, las aportaciones de los contribuyentes al fondo de la Dirección de Pensiones son aproximadamente 80 millones de pesos a la quincena.
Informó que el director actual de Pensiones Civiles del Estado, Ignacio Ocampo Barrueta, les ofreció hace un par de semanas, en una modificación al presupuesto, reembolsar al fideicomiso 20 millones de pesos y 70 más para préstamos.
Andrade recordó que los agremiados de los tres sindicatos no cuentan con Infonavit y que la única institución financiera que les da créditos es la Dirección de Pensiones, por lo que ha crecido la presión ante la decisión unilateral de Ignacio Ocampo de cerrar ventanillas, acusó.
“Pero eso no nos resuelven nada, al contrario, nos genera más problemas, porque en un día normal en la Dirección de Pensiones se prestan más de 7 millones de pesos tan solo en corto plazo, faltaría incorporar los otros créditos y no nos alcanzaría ni para una semana el recursos que está proponiendo el director”, enfatizó el líder del Stasple.
Explicó que esos 70 millones en lugar de bajar las presión de los agremiados, les causa conflicto porque tendrían que determinar a quién sí se le darán préstamos y a quién no.
Andrade Vargas, recordó que si bien no es un adeudo que se haya generado en su totalidad en esta administración, los compromisos son institucionales “y si el gobierno del estado tiene un adeudo de lo que sea, lo tiene que resolver”.
