Impulso/Toluca
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), encabezada por el ombudsman Jorge Olvera García, emitió el “Informe Especial sobre la Situación de Criminalización de Defensores de Derechos Humanos de la Comunidad indígena de Tlanixco, Tenango del Valle”, que habían sido sentenciados a 50 años de prisión y a multas pecuniarias por los delitos de homicidio calificado y privación de la libertad, en el marco de un proceso jurisdiccional afectado por la vulneración a las prerrogativas fundamentales de dichas personas.
En este informe, la Codhem da cuenta de las acciones realizadas por el Organismo autónomo en defensa y protección de los derechos humanos de seis personas, entre ellas una mujer, cuyo enjuiciamiento y situación jurídica fueron afectados por fallas cometidas por la instancia jurisdiccional al vulnerar los derechos al acceso a la justicia, a la legalidad y la seguridad jurídica, a la debida diligencia, a la fundamentación y motivación, a la presunción de inocencia, a la honra y a la buena reputación; además de omitir la aplicación del principio pro persona, como criterio de interpretación de la ley en casos relacionados con los derechos humanos.
El informe detalla y fundamenta que las autoridades incumplieron la obligación de proteger los derechos humanos de los sentenciados haciendo un evidente uso indebido del derecho penal y, por tanto, criminalizando su labor como personas defensoras de los derechos de los pueblos originarios y al no respetar sus usos y costumbres como integrantes de la comunidad indígena nahua.
La investigación realizada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México derivó del oficio número V4/09937 suscrito por la Cuarta Visitadora General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), fechado el 8 de marzo de 2018, en cuyo anexo se describieron hechos presuntamente constitutivos de violaciones a derechos humanos en agravio de seis personas indígenas de la comunidad de San Pedro Tlanixco, Tenango del Valle.
Tras el análisis de la respectiva queja –en su momento presentada directamente ante la CNDH-, así como de la valoración de los informes allegados, de las pruebas aportadas y demás evidencias reunidas con motivo de la sustanciación del procedimiento de queja, el “Informe Especial sobre la Situación de Criminalización de Defensores de Derechos Humanos de la Comunidad indígena de Tlanixco, Tenango del Valle” hace las precisiones pertinentes del caso y de las acciones emprendidas que conllevaron al requerimiento de la libertad de los agraviados.
Al establecer que si bien las víctimas fueron liberadas, éstas no han obtenido la justa reparación ante los agravios infligidos a sus derechos humanos, en dicho Informe el presidente de la Codhem, Jorge Olvera García, plantea varias propuestas para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos fundamentales en los términos que establece la ley.
La primera propuesta está dirigida a los operadores de justicia penal, a la Fiscalía General de Justicia y al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, para garantizar la actuación debida de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos en el sistema de justicia interno, para lo cual recomienda adoptar lineamientos, criterios, protocolos, principios e instrumentos internacionales destinados a proteger a las y los defensores.
El titular de la Codhem solicita reconocer el trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos y su importante rol en las sociedades democráticas, a través de actividades de capacitación a los operadores de justicia, reconociendo que su activismo no debilita al Estado, sino que lo fortalece.
A la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del gobierno estatal, se le propone que por conducto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, las referidas personas agraviadas sean inscritas en el Registro Estatal de Víctimas del Estado de México, a fin de que accedan a los derechos y garantías establecidos en la ley, así como al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, considerando siempre su condición de personas indígenas y su labor en la defensa de los derechos humanos de su comunidad.
Dato
Las víctimas fueron liberadas, pero no han obtenido la justa reparación ante los agravios infligidos a sus derechos humanos.
