Héctor Serrano Cortés
Diputado federal
Reacción negativa causó la sorpresiva y, para muchos, perversa insinuación del presidente estadounidense Donald Trump, quien recientemente manifestó la posibilidad de posponer el proceso de elección programado para el 3 de noviembre en el vecino país del norte, como consecuencia de la pandemia que se vive.
Y es que, efectivamente, la pandemia se puede prestar para cualquier perversidad del gobierno en turno. Ya empieza a ser recurrente el evitar obligaciones en el ámbito del ejercicio de la función pública, pretextando la pandemia y anteponiendo la salud pública, contra la que difícilmente alguien podría oponerse.
También está claro que, para algunos, el derecho a la salud está por encima de cualquier otro derecho fundamental; lo que puede resultar altamente polémico y digno de una amplia discusión. Sin embargo, la vida democrática de los pueblos no puede ni debe detenerse bajo ninguna circunstancia.
Nuestra constitución no prevé un escenario que limite o aplace el ejercicio del sufragio; mucho menos, cuando todos hablamos de la nueva normalidad, misma que está vigente en nuestra vida cotidiana.
Ya en dos estados de la república, Coahuila e Hidalgo, fueron aplazados sus procesos electorales, y aunque ya fue reprogramado el día de la elección, a juicio de muchos expertos fue polémica y delicada la decisión que tomó el INE; no sólo por ejercer el efecto de atracción sobre las elecciones locales, el diferir la elección fue lo más delicado, porque cuando lo hizo, ni siquiera tuvo el cuidado de generar certeza al ofrecer una nueva fecha para la jornada electoral.
En fin, ya en este espacio hemos manifestado que Coahuila e Hidalgo serán, en el mes de octubre, un magnífico laboratorio; tanto para quienes deben garantizar el ejercicio de los derechos civiles, como para conocer posibles escenarios político-electorales con rumbo al 2021, a partir de los resultados que surjan.
La vida democrática de México debe continuar y no se puede repetir el hecho de aplazar la elección por venir.
La nueva normalidad no exime de responsabilidad a las autoridades competentes en materia electoral a la hora de cumplir con sus obligaciones; es decir, organizar, desarrollar y vigilar la realización de las elecciones del 2021 sin pretexto alguno.
