IMPULSO/Miguel Carbonell
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La exoneración de Elba Esther Gordillo de todos los procesos judiciales que existían en su contra es un poderoso recordatorio de lo mucho que nos falta hacer si queremos combatir con eficacia la impunidad. Es también un recordatorio de que los asuntos judiciales, sobre todo los de alto perfil político o mediático, deben ganarse no sólo en el terreno de la opinión pública, sino en la mesa de los jueces. ¿De qué sirve armar un gran alboroto mediático si un tiempo después vemos a los acusados paseando libres y sonrientes por las calles de México, de Miami, de Madrid o de San Diego disfrutando de los muchos millones de pesos que las autoridades no pudieron quitarles?
¿Quién será el siguiente en salir?, ¿Javier Duarte, Andrés Granier, Roberto Borge, Guillermo Padrés, el otro Duarte? En el sexenio pasado, casos emblemáticos como el del “michoacanazo” o el de Florence Cassez se desvanecieron en tribunales, no quedó nada. ¿Acaso no tomaron nota los integrantes del Gobierno del PRI? ¿Cómo es que ha habido tanta impunidad, no por lo que respecta a Elba Esther, sino también en procesos relevantes como los de Ayotzinapa o Tlatlaya? Parece que existiera la orden de hacer mal las cosas.
El caso de Elba Esther, quien estuvo asistida de la férrea e inagotable defensa del brillante penalista Marco del Toro, nos debe hacer reflexionar. En primer lugar, sobre el papel de los sindicatos que reciben dinero del erario. ¿Por qué razón las autoridades retienen una parte del salario de los maestros y se lo entregan directamente al sindicato? ¿No deberían ser los maestros los que, con toda libertad, decidieran sobre el destino de sus ingresos? ¿Es normal que una parte de ese dinero termine pagando cuantiosos gastos en Neiman Marcus, vuelos privados, casas carísimas en Coronado y el resto del lujoso tren de vida de la maestra?
Ojo: mi alegato no es contra la riqueza que pueda tener una persona, la cual es muy respetable si la obtuvo de manera lícita y pagando impuestos. El problema es que ese dinero, originalmente, provino del bolsillo de los contribuyentes y debía tener como destino a las maestras y maestros que todos los días hacen su mejor esfuerzo para educar a los niños.
Lo mismo pasa con otros sindicatos, si revisamos con lupa a los sindicatos de Pemex, del IMSS, de CFE y un largo etcétera, nos encontraremos con datos indignantes. ¿La austeridad que ha prometido el próximo Gobierno alcanzará también para recortar el fastuoso emporio de los dirigentes sindicales o seguirán sin tocarlos ni con el pétalo de una auditoría? ¿La autonomía sindical justifica y ampara la cantidad de dispendios de los años recientes?
La otra reflexión que nos deja el caso de Elba Esther se refiere a la forma en que son investigados los presuntos delitos. Si no se hacen bien las cosas desde el inicio, si en las investigaciones no se tiene el cuidado y el rigor de acumular pruebas que luego sean presentadas, cumpliendo todos los requisitos legales ante los jueces, es obvio que los casos, tarde o temprano, se van a caer. Si en este tipo de procesos de tan alto perfil político las cosas se hicieron mal, ¿se imagina el lector lo que pasará todos los días en las procuradurías de todo México con casos normales, en los que el Ministerio Público no tiene encima los reflectores mediáticos? Por eso, no sorprende que en el país exista un 99% de impunidad.
Pero que las cosas se hayan hecho mal no quiere decir que tengan que seguirse haciendo igual. Tenemos dos herramientas si queremos perseguir efectivamente la corrupción y abatir la impunidad: por un lado, tenemos que construir la futura (y autónoma) Fiscalía General de la República, con sus réplicas en las entidades. Por otro lado, tenemos que hacer que sirva el Sistema Nacional Anticorrupción, que ya está formalmente vigente, pero que todavía no se ha desplegado a fondo. Ojalá nos pongamos a trabajar enseguida para que evitemos seguir viendo el bochornoso desfile de impunidad que nos persigue desde hace años. www.centrocarbonell.mx
