IMPULSO/Redacción/Toluca
Todas las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia, por ello, como parte de las acciones del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) elaboró una Guía Práctica de atención para mujeres víctimas de violencia política, con el propósito de que se respeten sus derechos humanos.
El observatorio promueve la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones en el ámbito público, no obstante, a pesar de que el actual proceso electoral se caracteriza porque históricamente tendrá la más alta participación de mujeres, se registra mayor violencia contra ellas.
Bajo la premisa de que debe ser protegida la dignidad de las personas, la CODHEM en su calidad de integrante invitada, asumió la coordinación del Grupo Específico de Trabajo para diseñar el Plan de Acción para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, y observará que cada una de las dependencias ejecutoras cumpla con su función.
Durante la primera sesión de trabajo que encabezó la Comisión, se conoció la problemática actual de violencia contra precandidatas y candidatas que buscan algún cargo de representación popular, así como servidoras públicas o mujeres en el ejercicio del poder, por tanto, se determinó diseñar y estructurar la Guía Práctica de atención para mujeres víctimas de violencia e iniciar con la capacitación para el uso de dicha herramienta informativa.
La guía podrá ser consultada a través de la página www.ieem.org.mx/observatorio_2017/index.html en la que se desplegará un directorio de instancias que pueden atender a las víctimas en cualquier punto de la entidad mexiquense.
Se enfatizó que la violencia política contra las mujeres son aquellas acciones, omisiones y tolerancia a éstas que, basadas en elementos de género y en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, tienen el objetivo de menoscabar o anular el reconocimiento, goce o el ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.
De acuerdo con el Violentómetro, las conductas que podrían configurar violencia política en razón de género son la agresión verbal, restricción del uso de la palabra, chantaje, difundir promocionales que descalifiquen con base en estereotipos de género, calumnia, no ser convocadas a sesiones o asambleas, sustitución de tareas o funciones relativas a su cargo, retención de información, exclusión de la toma de decisiones, impedir el desempeño de funciones, presiones para renunciar al cargo, secuestro, hasta feminicidio.
