Las empresas estadounidenses están retrasando sus planes de inversión en México mientras revisan cómo una probable reforma al sistema judicial del país, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, afectaría los negocios con el mayor socio comercial de Estados Unidos, de acuerdo con el diario estadounidense The Wall Street Journal.
“La reforma del poder judicial reemplazaría a 1,700 jueces y magistrados federales, incluidos magistrados de la Corte Suprema, mediante elecciones a nivel nacional y eliminaría las estrictas calificaciones para convertirse en juez. El plan, una enmienda constitucional que se espera sea aprobada en los próximos días, ha preocupado a los inversores extranjeros que temen que los jueces queden en deuda con los electores o con consideraciones políticas en lugar de con la ley”, dice el diario en un texto publicado en su versión impresa este lunes.
La reforma, dice el rotatitvo, es una de las leyes que el presidente Andrés Manuel López Obrador está tratando de impulsar en su último mes en el cargo, aprovechando las amplias mayorías en el Congreso que se obtuvieron en junio y que entraron en vigor el 1 de septiembre.
“Durante sus seis años en el cargo, el presidente nacionalista fue antagonista de las empresas extranjeras, cancelando la construcción de un importante aeropuerto, obligando a las empresas internacionales a vender o reubicar plantas y tratando de restaurar el control estatal de industrias como la energía”, asegura.
Según el Journal, representantes y asesores de las empresas estiman que las compañías extranjeras están reteniendo unos 35,000 millones de dólares en proyectos de inversión en sectores que van desde la tecnología de la información y la fabricación de automóviles hasta los ductos de gas natural y la infraestructura industrial debido a la incertidumbre relacionada con la reforma y las elecciones estadounidenses. Esa cifra, dice, casi iguala lo que México atrae en inversión extranjera directa en un año promedio. Recientemente, la mayor parte ha sido realizada por empresas que reinvierten sus ganancias.
“Están en juego otros 18 mil millones de dólares en inversión privada que México necesita para cubrir la creciente demanda de electricidad para uso industrial. La Corte Suprema bloqueó iniciativas políticas que podrían haber perturbado el sector eléctrico de México en violación del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, pero algunos inversionistas temen que un nuevo tribunal electo las apruebe”, explica.
