Paola Félix Díaz
La necesidad de unificar la legislación penal en México ha sido planteada desde
1931 durante el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas por los especialistas
en la materia, sin embargo, los gobiernos siguientes y sus Congresos con el
erróneo y mañoso argumento del respeto a la soberanía de los estados se negaron
a construir una tipología sustantiva homóloga que hiciera posible la
procuración e impartición de la justicia, a sabiendas que la disformidad de la
norma jurídica era una puerta abierta para la impunidad y la corrupción.
Durante casi 90 años las víctimas del delito han sufrido las consecuencias de
la labilidad de la legislación penal derivada de la diversidad que subsiste en
33 códigos penales —uno por cada entidad y la Federación— encontrando en los
sistemas de procuración e impartición de justica vacíos y omisiones que han
dado paso a la crisis de seguridad que padecemos.
Los sectores más vulnerables de la población como las mujeres, personas menores
de edad, indígenas y adultas mayores sufren una triple victimización: por los
delincuentes, por el sistema penal y por su condición de género, etaria y/o
social. Los delitos graves y que más dañan a la sociedad están encuadrados de
manera diferente en cada código, incluso, el robo de una vaca llegó a ser
sancionado en algunos estados con mayor rigor que la violación a una
adolescente.
En nuestros días la trata de personas, la extorsión, el abuso sexual contra las
y los menores de edad, el feminicidio y muchas otros delitos tienen un
tratamiento disímbolo de una entidad federativa a otra, a pesar de que estas
conductas fueron calificadas como materia del fuero federal y están sujetas a
sanciones severas en el Código respectivo, lo que impide se sancionen
proporcionalmente a la gravedad del daño, se califiquen como delincuencia
organizada y se apliquen las medidas cautelares necesarias previstas en la
Constitución.
Así, mientras la legislación y el sistema de justicia penal constituyen una puerta
giratoria para los delincuentes y una mina de oro para los corruptos, para la
ciudadanía es un tortuoso laberinto sin salida ni retorno que la mantiene
atrapada en un tejido burocrático de complicidades, injusticias e
inconsistencias legales. Los delincuentes con la diversidad normativa pueden
acogerse al beneficio de la pena menor, en tanto que las víctimas deben
resignarse a su fatídica realidad.
Una realidad que ahora se vislumbra diferente, ya que el gobierno encabezado
por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador tiene la clara
voluntad de construir un Código Penal Único, cuyo alcance nacional garantice un
trato idéntico a las mismas conductas punibles, es decir a iguales delitos
iguales castigos. Así como para dar vida a un nuevo marco jurídico que
distribuya competencias para establecer los mecanismos de cooperación,
colaboración, investigación y ejercicio de la acción penal entre la Federación
y las entidades federativas; homologue los procedimientos de procuración de
justicia; y establezca la creación de un registro nacional de investigaciones
para evitar que los delincuentes continúen sin castigo y la sociedad tenga la
seguridad, tranquilidad y certeza que merece.