IMPULSO/ Martí Batres
Analista Político
A lo largo de los primeros meses de la actual administración, el Gobierno de la República y los órganos parlamentarios han lanzado una amplia variedad de iniciativas administrativas, políticas y legislativas. Algunos observadores poco acuciosos consideran que se trata de un ímpetu transformador desbocado o de propuestas sin ton ni son que no tienen relación entre sí. Pero se equivocan.
Todas las iniciativas, propuestas y proyectos tienen un común denominador: el rescate patrimonial del Estado mexicano.
La cancelación del aeropuerto de Texcoco, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, los planes de austeridad en el Senado y la Cámara de Diputados, la disminución de presupuesto en diversos órganos burocráticos, la ofensiva contra el robo de combustible, las reformas sobre extinción de dominio, la reforma para convertir la corrupción y el robo de combustible en delitos graves, las medidas de apoyo a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la revisión crítica de los órganos reguladores de energía, el proyecto de reconstrucción de refinerías, la eliminación de intermediarios en la entrega de beneficios sociales, la batalla contra la devolución de impuestos, la revisión de los contratos de compra de los medicamentos de las instituciones de Salud, la solicitud a las empresas eléctricas extranjeras de revisar los subsidios ventajosos que les otorga el Estado mexicano, entre otras medidas y propuestas, tienen entre sus propósitos lograr tapar el conjunto de agujeros por los que hoy se escapan los recursos, riquezas y bienes de la Nación.
En efecto, la estructura del Estado es hoy una gran coladera o un enorme queso Gruyere. Los recursos se escapan por todos lados. Algunos se los llevan de manera legal, en forma de privilegios; otros los saquean a través de la corrupción, algunos más despojan al Estado de sus recursos al no pagar al fisco las enormes cantidades que les corresponden y algunos más, de plano, a través del robo y el crimen organizado hurtan las riquezas de las empresas públicas.
La cuenta puede llegar a ser impresionante. Si nada más de los seguros de gastos médicos mayores de los funcionarios se erogaban 5 mil millones de pesos al año y del robo de combustible se saqueaban 70 mil millones de pesos anuales, imaginémonos el caudal de recursos perdidos por todas las vías que ocurren en tan sólo un ejercicio fiscal.
Eso explica, en parte, la aparente “pobreza” del Estado en un país rico. En México no hay recursos para nada. No hay dinero para invertir en infraestructura, no hay recursos para hacer hospitales, no hay presupuesto para hacer más universidades, no hay dinero para la investigación científica, no hay recursos para hacer universales las políticas sociales, no hay presupuesto para aumentar salario a los maestros ni a los policías, no hay medios económicos para construir caminos en los pueblos, no hay liquidez para reparar carreteras y tapar baches, ni para ampliar los sistemas de transporte público, llevar agua potable a los hogares, ni para reparar los baños de las escuelas o comprar un pizarrón. Estas son las respuestas que hemos oído durante muchos años a los reclamos ciudadanos y sociales.
Pues bien, las numerosas medidas que se han tomado o anunciado desde las cámaras legislativas pero, sobre todo, desde la Presidencia de la República están dirigidas, entre otros objetivos, a tapar todos los agujeros por donde se fuga el dinero público. Llegó la hora de rescatar al Estado mexicano.
