IMPULSO/Irene Tello Arista
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Mañana termina el sexenio de Enrique Peña Nieto y empieza el de Andrés Manuel López Obrador. Aunque se ha hablado de un cambio de paradigma con la llegada de este nuevo gobierno, no podemos ignorar que las situaciones de inseguridad y de violencia por las que atraviesa nuestro país son las mismas que enfrentará el gobierno entrante. Dependiendo de las estrategias y políticas diseñadas e implementadas para responder a estos problemas veremos desarrollarse de forma distinta las situaciones. Sin embargo, me parece importante hacer un recuento respecto a ciertos temas de seguridad y justicia para determinar un poco cómo está la situación actualmente y con base en ello seguir dando seguimiento a estos problemas de impunidad en el país.
Tema de seguridad: homicidios dolosos. Respecto a uno de los delitos más graves, el de homicidio doloso, llevamos dos años rompiendo el récord de la mayor cantidad de asesinatos por año (31 mil 174 víctimas de homicidio doloso en 2017 y 23 mil 953 en 2016, según los datos del Inegi) y 2018 no parece ser la excepción. Además del alza en el número de homicidios en el país a partir del 2015, lo que podemos ver es una disminución de la capacidad del Estado para hacer frente a este delito.
Tal y como se desprende del estudio de Guillermo Zepeda y Paola Jiménez “Impunidad en homicidio doloso”, la capacidad del Estado para hacer frente a este delito estaba topada en aproximadamente 4 mil 500 sentencias condenatorias independientemente del número de homicidios que se cometían al año. Sin embargo, ahora estamos en el peor escenario: más homicidios y menos condenas, lo que termina por darnos un alza en la impunidad para el delito de homicidio doloso que termina en 87.5%. Es decir, de cada 8 homicidios sólo se sanciona 1.
Tema de procuración de justicia. Aunque es indispensable prestar atención tanto al aparato de seguridad pública, como al de impartición de justicia, no cabe duda que el cuello de botella del sistema penal del país se encuentra en la procuración de justicia, tanto a nivel estatal como federal. Si uno voltea a ver el tema a nivel estatal podemos ver que la probabilidad en el país de que un delito se denuncie y se esclarezca es de tan sólo 1.14% (datos del Índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías). Esto nos habla de una baja confianza por parte de la ciudadanía en las instituciones de procuración de justicia. Lo cual se explica en parte por cosas básicas como el tiempo promedio de espera para denunciar un delito: 135 minutos.
Temas de responsabilidad administrativa. No podemos dejar de señalar la baja capacidad de este gobierno para hacer frente a las irregularidades que cometen los funcionarios públicos. Aunque no se le ha prestado tanta atención, el tema de las responsabilidades administrativas es clave para hacer frente al tema de la corrupción en el país. Respecto a este tema podemos ver que la impunidad en la administración pública federal es de 92.2%, es decir, de cada 100 irregularidades de funcionarios sólo 8 se castigan (datos de la investigación de Darío Ángeles “Responsabilidades Administrativas en el SNA”). Por otro lado, de 2003 a 2017 la Secretaría de la Función Pública sólo ha podido cobrar 0.45% de las multas que ha impuesto a funcionarios.
Por lo que se puede ver en este sucinto recuento respecto a tres problemáticas, lo que caracterizó al gobierno de Enrique Peña Nieto es el aumento de delitos y la disminución del Estado para hacer frente a ellos, es decir, un aumento de impunidad. Será indispensable que el nuevo gobierno tome en serio la problemática de impunidad para hacer frente a la crisis de inseguridad que atraviesa nuestro país.
