El Observador

IMPULSO/ Samuel García/Arena Pública
¿Obligará Trump a bajar los impuestos en México?
La construcción de un muro a lo largo de la frontera con México y la revisión del Tratado de Libre Comercio son las dos promesas de Donald Trump que más han inquietado a los analistas en México
No es para menos, el ya Presidente electo de los Estados Unidos insistió hasta el último momento de su campaña en modificar las políticas migratorias y comerciales con México, las que, según él, han afectado los intereses de los estadounidenses.
El diario The Wall Street Journal publicó que el equipo de transición de Trump se concentrará en estos temas, entre otros, en sus primeros días en el gobierno. “Trump contempla anunciar en sus primeros días como presidente la reapertura de negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés) y el retiro de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés)”, cita el diario.
Pero también el sorpresivo ganador de las elecciones presidenciales tiene contemplado plantear desde sus primeros días en la Casa Blanca “el control de la frontera sur”, según Newt Gingrich, el ex presidente de la Cámara de Representantes, lo que incluye una propuesta del equipo de inmigración que encabeza Ado Machida -un ex asesor del ex vicepresidente Dick Cheney- para la construcción del muro fronterizo con México.
Hay razones suficientes para preocuparse en México, pero no sólo por las acciones sobre migración y comercio que el equipo de Trump piensa disparar desde el 20 de enero próximo, sino también por el programa económico que planteó el republicano y que incluye una reducción en los impuestos a las empresas y a las personas. Una de las promesas de campaña que más le redituó en votos a Trump.
El republicano prometió bajar el impuesto a las sociedades mercantiles del 35% al 15%, simplificar -a tres, de siete- los escalones del impuesto sobre la renta a personas físicas, reduciendo las tasas del ISR, así como incrementar el monto de las deducciones. Es decir, planteó una agresiva política de reducción de la presión fiscal para empresas y personas a fin de estimular el crecimiento económico.
La promesa de Trump está justificada en el Programa Electoral del Partido Republicano bajo el argumento de recuperar la competitividad fiscal de las empresas estadounidenses frente a sus competidores para generar millones de nuevos empleos.
Aunque luce contradictorio y riesgoso fiscalmente el planteamiento de reducir impuestos e incrementar todo tipo de inversiones públicas, el equipo económico de Trump tendrá que caminar en esa dirección emulando a Ronald Reagan quien en 1981 aplicó importantes reducciones de impuestos con las consecuencias previstas de incrementos en la deuda y en el déficit públicos.
Ahora, la situación es mucho más complicada porque es imposible una política monetaria más expansiva y porque la deuda y el déficit fiscal son elevados. Sin embargo, Trump parece decidido a aplicar la receta de Reagan para acelerar el crecimiento económico, estimulando la oferta a través de menores impuestos y de creación masiva de empleos. Un planteamiento que le dio muchos votos entre la población trabajadora pero que también puede ser su tumba política.
Esta “revolución fiscal” prometida por Trump va a obligar al Gobierno mexicano –y a otros más en el mundo- a bajar sus propios impuestos para competir por las inversiones, ello en un momento en que muchos de ellos tienen serios problemas de endeudamiento y de déficit fiscal, es el caso del Gobierno mexicano.
Si bien la consultora KPMG ha reportado recientemente que el costo fiscal empresarial en México es 31.5% menor que en Estados Unidos –cifra que cuestionan algunos fiscalistas en México- la propuesta de reducción de impuestos de Trump equipararía o se pondría por debajo del costo fiscal de las empresas en México, lo que haría menos atractiva las inversiones en nuestro país.
Por otro lado, reducir las tasas impositivas en México haría mucho más complicado para el Gobierno alcanzar los objetivos de consolidación fiscal a los que se ha comprometido con las calificadoras, inversionistas y organismos internacionales, so pena de ser castigado en la calidad de su deuda, elevando sus costos financieros.
En todo caso el gobierno tendría que profundizar aún más sus esfuerzos de fiscalización, reducir -de verdad- el gasto público y, quizá, desprenderse de algunos activos no prioritarios. Un manojo de acciones que se antoja casi imposible tomando en cuenta el costo político que ello representaría para el gobierno de Peña Nieto de cara a las elecciones locales y presidenciales de 2017 y 2018.
Así que el ‘huracán’ Trump debe traer muy preocupados a los funcionarios de Hacienda por su prometida ‘revolución fiscal’ con reducción de impuestos incluída. Un asunto que –de concretarse en 2017- pondría de cabeza a los ingresos fiscales del país y a la disponibilidad de recursos para el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Más vale que los legisladores que están analizando el presupuesto para 2017 tomen en cuenta esta ‘otra’ promesa del presidente electo Trump, que le pegaría directamente a la línea de flotación de los ingresos tributarios futuros.