IMPULSO/Lourdes Morales Canales
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Todo corredor de larga distancia sabe que, sin un buen entrenamiento, una buena alimentación y unos zapatos deportivos adecuados, de preferencia ya amoldados a las imperfecciones de cada pie, es imposible llegar a la meta. Aun así, dos errores frecuentes pueden dar al traste con los mejores adiestramientos: el llegar a la carrera demasiado temprano —por el posible desgaste físico y psicológico que se genera— y el “tronarse” antes del último tramo, que es de suyo siempre el más complicado.
No se puede decir que Andrés Manuel López Obrador no entrenó para el “maratón” de la Presidencia de la República. La Jefatura de Gobierno de la capital del país y las tres contiendas por la Presidencia de la República le otorgaron al candidato electo los callos de conocer cada rincón de México, la paciencia de quien sabe que la recompensa no es inmediata y la elasticidad de una representación política que cubre desde la derecha evangélica hasta una parte de la izquierda mexicana.
A riesgo de llegar demasiado temprano, López Obrador pareciera estar ahora en una especie de frenesí gubernativo. Aún no recibe la constancia de mayoría y ya reveló designaciones en puestos clave —incluidos los que requieren ratificación del Senado— ya se reunió con gobernadores, ya acordó con empresarios, ya le hizo propuestas de seguridad, migración y comercio a Donald Trump y ya lanzó una propuesta de diálogo para la pacificación del país que incluye la despenalización de las drogas.
Todavía no cuenta con los hilos del poder en sus manos, ni con la responsabilidad política del encargo, y casi todos los frentes de la administración pública están abiertos.
La reacción del candidato electo frente a la multa por 197 millones de pesos al partido Morena por el manejo del fideicomiso “Por los demás” es un auténtico calambre en el maratón presidencial. Este fideicomiso es una muestra más del desaseo en la intervención pública frente a la doble tragedia de los sismos del año pasado que afectaron a 12 millones de personas, según un estudio publicado por el CIDE. Los damnificados tuvieron la desgracia de perder su patrimonio en año electoral, por lo que la planeación, la generación de información, la coordinación entre niveles de gobierno, así como la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos fueron sustituidos por la ocurrencia, los intereses privados y el fortalecimiento de clientelas.
El INE es muy claro en su resolución, se sanciona el incumplimiento de la ley, es decir, el que Morena no haya reportado ingresos por 78.8 millones de pesos y el recibir 44 millones de pesos en efectivo de personas desconocidas, entre otras cosas. El partido ha dicho que el fideicomiso es ajeno al partido, sin embargo, los integrantes del comité técnico del mismo, así como los creadores del mismo, tienen vínculos con Morena. Desafortunadamente, este fideicomiso no es el único caso. En la entrega de recursos en la Ciudad de México no se sabe con claridad cómo fueron asignados 14 mil millones de pesos y sí, en cambio, se ha documentado cómo se desviaron cinco mil millones a actividades que no tenían relación con la reparación de los afectados.
El Gobierno y los partidos políticos están en deuda con los damnificados, y esto es apenas la primera cuesta de la carrera.
