IMPULSO/ Edición Web
Brasil
El Tribunal Supremo Regional de Porto Alegre (Brasil) solicitó la liberación del expresidente brasileño Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva. La orden fue dada por el juez Rogério Favreto tras el pedido de ‘habeas corpus’ de los diputados Wadih Damous, Paulo Pimenta y Paulo Teixeira, informa Globo.
De acuerdo con el despacho judicial, se determinó la suspensión de su detención por no haber fundamento jurídico. La liberación del exmandatario deberá cumplirse “en régimen de urgencia” este 8 de julio luego de presentarse ante la entidad carcelaria el documento oficial que lo ordena.
Juez que condenó a Lula: “Favreto no tiene la competencia para tomar esa decisión”
Tras conocerse la decisión, el juez que condenó a Lula, Sergio Moro, se negó a cumplir inmediatamente lo estipulado por Favreto. Según el magistrado, su colega “no tiene la competencia para tomar esa decisión de manera mesocrática” y el colegiado del Tribunal Supremo Regional “no tiene los poderes” para autorizar su salida.
Moro acentúa que, si una autoridad policial cumple la decisión de una “autoridad absolutamente incompetente”, estará incurriendo en “el incumplimiento de una orden de prisión”. Asimismo, manifestó que se dirigirá a los miembros del tribunal para revocar la orden.
En enero, Lula da Silva fue condenado a 12 años de prisión. Desde el pasado 7 de abril permanece preso en Curitiba (Paraná), en el marco de la megacausa conocida como Lava Jato (lavado a presión, en español), que reveló una trama de corrupción alrededor de la empresa estatal Petrobrás y los sobornos que pagó la constructura Odebrecht.
¿De qué se le acusa?
Al líder del Partido de los Trabajadores (PT) lo acusan de aceptar un lujoso departamento triplex, frente a la playa, en el Condominio Solaris, en Guarujá (municipio del estado de San Pablo), a cambio de beneficiar a la constructora OAS en sus contratos con la estatal petrolera. Sin embargo, durante el juicio no se logró demostrar que Lula sea el propietario del inmueble, y tampoco se ha identificado cuál sería el acto o la omisión que habría dado origen al recibimiento del inmueble.
Por ese hecho, a Lula se le ha acusado bajo el cargo de corrupción pasiva, delito que supone que un funcionario público realiza o deja de cumplir un acto de su competencia a cambio de algún beneficio. Bajo ese alegato, fue condenado el año pasado a nueve años de prisión por un juez de primera instancia; la condena, revisada por un tribunal de apelación, fue confirmada en enero y elevó la pena a 12 años y un mes de cárcel.
Su defensa
La defensa de Lula alegó en varias oportunidades que su estadía en prisión era una “ejecución anticipada” de la pena y que por tanto era inconstitucional, puesto que fue encerrado antes de que se agotaran todos los recursos. Asimismo remarcó que Lula, nuevamente candidato a la Presidencia, lidera las encuestas electorales. El propio expresidente ha reiterado su inocencia y pone en duda la de sus acusadores.
Una consulta realizada en junio reveló que Lula da Silva cuenta con 33 % de la intención de voto, seguido por el ultraderechista Jair Bolsonaro, con 15 %; la ecologista Marina Silva, con 7 %, el laborista Ciro Gomes, con 4%; y el socialdemócrata Geraldo Alkmin, también con 4 %.
No obstante, la situación jurídica del favorito impide, de momento, que pueda postularse a las elecciones, previstas para octubre de este año. De acuerdo con la ley electoral en Brasil, ninguna persona con condena ratificada en segunda instancia, como es el caso de Lula, puede presentarse como candidato a un cargo de elección popular, porque corre el riesgo de ser vetado.
