IMPULSO/Mario Melgar Adalid
Artículo
La Constitución Política debe ser el escudo que garantice los derechos y libertades de los mexicanos, además de definir la estructura del Estado. El texto que limite e impida el abuso de la autoridad y procure el control recíproco de los poderes. La vigente cuenta con más de 700 reformas que integran un documento tres veces más extenso que el promulgado en Querétaro (1917). Entre las cosas que estorban el desarrollo del país está la Constitución, que debería ser el texto fundamental que lo impulsara. Elisur Arteaga ha escrito que el texto está “perdido en una ramplona verborrea”. Más que Constitución, se debería aludir a un “Derecho reglamentario de la arbitrariedad y el abuso”.
La Constitución es un acto de voluntad popular, susceptible por ello de ser respetada y hasta venerada. No obstante, la actual perdió su majestad. Varias propuestas del próximo Gobierno toparán con la legalidad o, en casos extremos, con la constitucionalidad. Para alcanzar la Cuarta Transformación se tienen que modificar las leyes y hasta la Constitución, lo que no parece ser problema, pues habrá mayoría legislativa en el Congreso. Si las propuestas topan con la ley, peor para la ley vigente. Si las propuestas topan con la Constitución, la Suprema Corte tendrá la última palabra. El fantasma de una nueva Constitución recorre México.
El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dirigido entonces (2000) por Diego Valadés, convocó a debatir sobre una nueva constitucionalidad. Hubo dos grupos encontrados: quienes proponían un nuevo texto y quienes pensábamos entonces (al menos quien esto escribe) que no había condiciones para una nueva Constitución y que si todavía quedaban cuestiones constitucionales pendientes, éstas podían alcanzarse por la vía de la reforma. El ala avanzada, la “izquierda” de entonces: Arnaldo Córdoba, Jaime Cárdenas y, particularmente, Porfirio Muñoz Ledo, se pronunciaron en contra de la práctica de seguir reformando la Constitución y optaron desde entonces por un nuevo texto.
Si lo que se pretende es realmente una “Cuarta Transformación”, será necesario que emerja una “Cuarta Constitución” para el advenimiento de la “Cuarta República”. La transformación de tal tamaño no se va a lograr con propuestas como trasladar a la Secretaría de Salud a Chilpancingo, por más contenido emocional que tenga la ciudad donde se reunió la primera asamblea política mexicana (1814). Como extrabajador en la administración de la Secretaría de Salud y como exresidente de Chilpancingo sé que la Secretaría de Salud no cabe en Chilpancingo, ni existen en esa tan peligrosa ciudad las condiciones para recibir semejante aparato burocrático.
La Constitución vigente cumplió su cometido histórico, institucionalizó la Revolución Mexicana y fue eje de la paz que anhelaba el país en 1917. Se convirtió en una de las cinco más antiguas del mundo y su longevidad es causa de su escasa vigencia. La vigente es el texto más reformado que hay en el mundo. Además, existen en su contenido lo que Jorge Carpizo calificó de “cláusulas borrachas”, aludiendo a las contradicciones inexplicables, negando el principio de que una Constitución no puede contradecirse a sí misma.
Existe en el ambiente la idea de que el Gobierno que viene está plenamente legitimado por el éxito obtenido en los comicios. Esa legitimidad durará hasta el día que el nuevo Gobierno inicie su mandato. A partir de entonces, la legitimidad deberá sustentarse, como lo enseñaba el maestro Mario de la Cueva en su clase de Teoría del Estado, en las leyes que emanan de quienes van a cumplirlas.
Si se trata de refundar la República, si el cambio prometido va en serio, no existen como ahora las condiciones para generar una nueva Constitución que estaría llamada a ser la primera gran Constitución del siglo XXI en el mundo, como lo fue en su momento la promulgada en Querétaro en 1917, que ya rindió todos los frutos que la patria esperaba. Ahora como los pitchers en las últimas entradas, necesita relevo. @DrMarioMelgarA
