El doble homicidio y la mafia internacional

IMPULSO/ Daniel Cabeza De Vaca
En días pasados se perpetró un multihomicidio en un restaurante de una concurrida plaza comercial del sur de la ciudad, a muy pocos metros de las instalaciones de la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El ataque armado contra dos israelíes, fue ejecutado con toda precisión por al menos cinco delincuentes, quienes siguieron un elaborado plan. Los ejecutores no eran improvisados, demostraron adiestramiento y disciplina, utilizaron distractores y señuelos, dispararon armas calibre reservado, neutralizaron y evadieron a la policía local con facilidad.
La noticia del ataque empezó a circular en las redes sociales, y la policía de la ciudad informó de la detención de una mujer atribuyendo los hechos a un crimen pasional, versión que fue descartada luego de la información difundida en los medios de comunicación respecto de la identidad y antecedentes criminales de los dos ejecutados. Previamente a que se difundiera en México, un medio en Israel informó que se trataba de Ben Sutchi y Alon Azulay, quienes tenían antecedentes criminales, que estaban vinculados con la mafia internacional y que aparentemente tenían formación militar. Ahora, sabemos que trabajaron en operaciones de narcotráfico y lavado de dinero con el grupo de los Beltrán Leyva y alguna vinculación tuvieron con otro delincuente israelí de nombre Akrishevsk, prófugo de su país desde el 2001, casualmente detenido y deportado desde Cancún días antes del homicidio de Sutchi y Azulay. Mucho se tendrá que investigar sobre el ingreso, permanencia y protección a esta clase delincuentes.
Debemos reconocer que el desbordamiento de la inseguridad y la violencia en nuestro país tienen como causa principal la operación de la delincuencia organizada internacional, responsable del narcotráfico hacia los Estados Unidos y que además ha provocado un incremento de la delincuencia, violencia y drogadicción en México. El fenómeno corruptor propio del crimen organizado ha permeado a la sociedad misma y a gran parte de las autoridades responsables de perseguirlo, razón por la cual algunos gobiernos estatales no cumplen con su fundamental obligación de garantizar el libre desarrollo de las personas, con paz y seguridad para sus habitantes. Solo gracias al apoyo de las fuerzas armadas, la mayoría de los Estados cumplen con esa obligación.
El doble homicidio que nos ocupa hace evidente que estamos atacando los síntomas y no la enfermedad. Queremos restablecer la seguridad pública mediante policía de contacto y vigilancia, cuando se requiere de inteligencia e investigación para una persecución sistematizada, con cooperación internacional, que aplique la ley, y los tratados con todo rigor. El combate a la delincuencia organizada internacional requiere de una política criminal con plena coordinación de autoridades de los diversos niveles de gobierno e información generada por el trabajo de las agencias de inteligencia especializadas. Coincidimos con el presidente López Obrador en que, esos sucesos no constituyen un riesgo para la seguridad nacional, pero la delincuencia organizada internacional si es una amenaza.
Se deben utilizar las herramientas que la Constitución y la Convención de Palermo establecen y ante el fracaso de la ley anterior, reflexionar sobre los alcances y elementos de la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio y su efectividad ante la complejidad del actual sistema financiero internacional y su capacidad para quitarles los recursos blanqueados a estas mafias internacionales. La extinción de dominio fue un recurso internacional que funcionó hace 20 años.
El éxito de la Guardia Nacional en recuperar la paz dependerá de que se instrumenten las acciones adecuadas que combatan las verdaderas causas del problema, porque si la circunscribimos a ser una policía preventiva de contacto y proximidad, seguirá el mismo camino de sus predecesoras. El Gobierno Federal debe primordialmente enfrentar al crimen organizado, con todas sus capacidades y recursos, y no solo concentrarse en subsidiar y asumir las obligaciones de los Estados en materia de seguridad pública.