Mario Maldonado
En un hecho sin precedentes y de tintes catastróficos por la importancia del insumo, Liconsa dejó de entregar el producto lácteo el lunes y martes de la semana pasada
La que parecía una de las dependencias más estratégicas para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, debido a que nació con el objetivo de lograr la autosuficiencia alimentaria, apoyar a los productores más necesitados, superar las condiciones de pobreza extrema y dar abasto alimenticio a las poblaciones más necesitadas del país, se encuentra actualmente en un estado de desastre.
En Seguridad Alimentaria Mexicana, que lleva Ignacio Ovalle, conocida como Segalmex, empezaron 2021 con el pie izquierdo, pues la primera semana del año tuvieron un desabasto de leche que afectó a casi 300 mil beneficiarios de Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo.
En un hecho sin precedentes y de tintes catastróficos por la importancia del insumo, Liconsa dejó de entregar a concesionarios el producto lácteo el lunes y martes de la semana pasada, mientras que para miércoles y jueves la dotación que se repartió desde las gerencias Metropolitanas Norte y Sur fue 25% menor.
A través de un comunicado, Liconsa aceptó la existencia de “retrasos menores” debido a la escasez de polietileno para envasar la leche, un asunto que se comprometió a resolver en 48 horas, toda vez que los concesionarios de las lecherías no sólo señalaron que sus dotaciones llegaban incompletas, sino que arribaban a destiempo, algunas incluso después de la 1 pm, cuando su horario de apertura es alrededor de las 6 am.
Representantes del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Liconsa, que lidera Magdalena de Jesús Delgadillo, aseguraron a este espacio que el desabasto era previsible, debido a que al interior de la empresa propiedad del Estado hay un desorden financiero que ha provocado impagos a los productores de leche, una falta imperdonable en Segalmex según los dichos de Andrés Manuel López Obrador.
Por ejemplo, los productores de la Unión Ganadera Regional de Jalisco y la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas acusaron retrasos semanales en sus pagos, y señalaron que fueron avisados de que se les dejaría de recibir temporalmente el producto por falta de recursos; esto a pesar de que en 2020 tenía un presupuesto superior a 3 mil millones de pesos para estas compras.
Los ganaderos reclaman una deuda de más de 40 millones de pesos, por lo que el presidente de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados, Eduardo Ron, exigió a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación que se inicie una auditoría para analizar cualquier desvío, ya que los recursos destinados al programa de las lecherías estaban etiquetados.
En lo que se refiere a Diconsa —la empresa encargada de las tiendas de productos básicos en comunidades marginadas del país— la situación no es mejor y su manejo tampoco es el más atinado. Prueba de esto es la compra el año pasado de unas 7 mil toneladas de maíz blanco a grandes productores, una adquisición por casi 30 millones de pesos inservible y sospechosa, según los expertos, sobre todo si se toma en cuenta que en los almacenes de la empresa se tenían acopiadas aproximadamente 450 mil toneladas de producto.
Por si no fueran suficientes las inconsistencias detectadas en la Unidad de Administración de Finanzas de Segalmex, que lleva Oscar Navarro Gárate, al organismo se le avecina un problema con sus trabajadores que amenaza con paralizar la operación.
Resulta que, en este incumplimiento de obligaciones, se retuvieron también prestaciones de empleados que estaban etiquetadas en el presupuesto y establecidas en el contrato de trabajo, entre ellas se encuentran incentivos económicos, apoyo para vestuario y consultas oftálmicas, las cuales desaparecieron en los últimos meses del año anterior.
Twitter: @MarioMal
