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El cártel de las casetas de cobro

Raúl Rodríguez Cortés

Su cada vez mayor recurrencia, la violencia que genera entre quienes la cometen y quienes tienen la tarea de evitarla, la ilegal financiación que representa para organizaciones sociales contestatarias e incluso para el crimen organizado, y el daño que inflige al erario, ha convertido a la toma y bloqueo de casetas de cobro en las carreteras del país en un problema crítico para el gobierno federal.

El cobro anual de ese peaje tanto de las vías de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y las concesionadas se estima en unos 3 mil 500 millones de pesos. Con la toma de casetas dejan de ingresar, de acuerdo con sus propios cálculos, 991 millones de pesos, cantidad que queda en manos de quienes la realizan.

¿Quiénes son? Ha sido práctica recurrente de estudiantes de diversas normales rurales y de algunas organizaciones sociales, con diversas reivindicaciones. Otras más, por su parte, la han convertido en fuente de financiamiento y en razón de ser. Incluso han articulado un movimiento que ya se ha planteado convocar a una jornada nacional de bloqueos.

Es el caso de la agrupación Resistencia Civil Pacífica (RCP), el Movimiento por el Libre Tránsito y del colectivo Zapata Vive. De este último es Gabriel González, apodado el “Gambito”, conductor de una combi en Tecámac, Estado de México, que se distingue por su activismo y que operó la alianza de su colectivo con RCP. Otro integrante de Zapata Vive, Sergio Compa fue nombrado vocero de Resistencia Civil Pacífica y del Movimiento por el Libre Tránsito liderado por Alfonso Canaán Castaño.

Ellos habrían estado detrás de la toma y bloqueo de la caseta de Alpuyeca, en la Autopista del Sol, que derivó en la detención de 68 personas y en los posteriores hechos violentos contra las instalaciones de la Guardia Nacional en Morelos, en demanda de su liberación, incluida la de Kenia Hernández, lideresa del movimiento en Guerrero.

Tras esos disturbios se refugiaron en las instalaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México, al conocer que la FGR había librado órdenes de aprehensión en su contra.

Y es que la toma de casetas de cobro es un delito previsto en el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación que se castiga con prisión de tres a siete años y multa de 100 a 500 veces el salario mínimo general vigente. Dicho delito aumentó más de 7 mil por ciento durante los últimos diez años, pues de acuerdo con Capufe, en 2010 se registraron 34 tomas de casetas y para el primer semestre de 2019 ya se reportaban 2 mil 458.

Entre 2018 y 2019 se interpusieron ante la FGR 3 mil denuncias, pero sólo 30 derivaron en acción penal, lo que significa solamente el uno por ciento de ellas. Es decir, la impunidad en este delito es de 99 por ciento.

Las carreteras que más pérdidas han registrado son las de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Morelos, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (AMCIV) que estima que en cada una de las casetas se pueden obtener entre 70 mil y 100 mil pesos diarios, aunque en las de gran afluencia, como la Autopista del Sol, se puede obtener hasta un millón de pesos diariamente.

Que el delito haya aumentado tanto en carreteras como las de Sonora tiene que ver con la más o menos reciente creación del cártel de Caborca relacionado con Rafael Caro Quintero, en su momento capo del cártel de Guadalajara, asesino del agente antinarcóticos estadounidense Enrique Camarena Salazar, encarcelado durante 28 años, liberado el 9 de agosto de 2013 por un Tribunal Colegiado con el argumento de que “no debió ser juzgado en el fuero federal por el asesinato del agente de la DEA” y que ahora es el narcotraficante más buscado por esa agencia estadounidense.

Fuentes de inteligencia consideran que el crimen organizado ha encontrado en la toma de casetas de cobro, cobijado o coludido con las organizaciones sociales que la practican, una nueva forma de financiamiento y de control territorial.

INSTANTÁNEAS

1. MEADE. Ni un mes se había cumplido desde que Rosario Robles hizo pública una carta en la que acusaba presiones de la FGR para que implicara en la llamada Estafa Maestra a otros funcionarios del gobierno anterior y en la que decía “no mentiré para obtener mi libertad, no quiero salir por la puerta de atrás”, cuando la extitular de la Sedesol y de la Sedatu informó, a través de su abogado Sergio Arturo Ramírez, que buscará acogerse a la figura de testigo colaborador y acusó al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray de haber ordenado el desvío de 7 mil millones de pesos a la campaña presidencial de José Antonio Meade. Luis Videgaray respondió ayer mismo en una carta fechada en Cambridge, Massachusetts, que tal señalamiento es falso y Robles, vía Twitter, corroboró que sí se acogerá a ese recurso legal, pero que se han hecho declaraciones que no han sido acordadas con ella, sin precisar a cuáles se refiere. El caso es que el golpe declarativo llegó directo a Meade, quien hasta anoche no había reaccionado a tal señalamiento. Acusación que, por cierto, no es la primera que lo involucra. Recuérdese que, en agosto del año pasado, la defensa de Robles presentó el acta de entrega-recepción de la Sedesol en la que el excandidato presidencial priista se daba por enterado de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación. Después vinieron las acusaciones de Emilio Lozoya Austin en las que el exdirector de Pemex lo señala como presunto receptor de sobornos de Braskem (filial de Odebrecht) para garantizar la continuidad del proyecto Etileno XXI. Y posteriormente las de Norberto Gallardo, jefe de escoltas de Lozoya, en las que afirma que le entregó en su casa de Chimalistac cuatro millones de pesos de parte “del jefe Luis Videgaray”.

2. VACUNA. La Cofepris recibirá hoy la petición formal de autorización de la vacuna contra el Covid19 de la farmacéutica estadounidense Pfizer. De acuerdo con la hoja de ruta del canciller Marcelo Ebrard, la vacuna de Pfizer será aprobada por las autoridades sanitarias estadounidenses (FDA) en los primeros días de diciembre y que es muy probable que las mexicanas lo harán unos días después. A partir de tales estimaciones, Ebrard confía en que el proceso de vacunación en México empiece en un mes. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, asegura por su parte que ya está listo el plan para el procedimiento.

3. LAMENTABLE. Tan lamentable como la muerte por Covid-19 de Juan de Dios Castro, figura histórica y honorable en la historia del panismo, es la inferencia que hace el expresidente Felipe Calderón de que fue víctima del torpe manejo de la pandemia.

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@RaulRodriguezC

raulrodriguezcortes.com.mx