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Estados Unidos
Un juez de California ordenó el viernes al Gobierno del presidente Donald Trump que pague los costos de reunir a los padres inmigrantes con sus hijos, luego de que fueron separados por funcionarios en la frontera entre Estados Unidos y México, en lugar de obligar a los indocumentados a asumir los costos.
El Gobierno de Estados Unidos está trabajando para unir a unos 2 mil niños con sus padres, quienes fueron detenidos y separados en el marco de la política de “tolerancia cero” de Trump para desalentar la inmigración ilegal.
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“No tiene sentido que cualquiera de los padres que han sido separados paguen algo”, dijo el juez de distrito Dana Sabraw, quien el mes pasado ordenó que los menores debían ser reunidos con sus progenitores antes del 26 de julio, durante una audiencia en San Diego.
El Gobierno incumplió esta semana un plazo para entregar los niños más pequeños a sus padres.
Trump ha convertido a sus duras políticas sobre inmigración en una parte central de su presidencia. Su Gobierno tomó la decisión de separar a las familias como parte de sus esfuerzos por disuadir la inmigración ilegal, pero cedió a la intensa presión política y abandonó la política el 20 de junio.
Un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés), que ha demandado al Gobierno por las separaciones de las familias, afirmó en la audiencia que autoridades estaban diciendo a los padres indocumentados que debían pagar por sus viajes. A un padre le pidieron 1.900 dólares para llevarlo donde su hijo, según documentos judiciales de ACLU.
La abogada del Gobierno de Trump Sarah Fabian dijo que la orden del juez de pagar por las reunificaciones era “una enorme petición para el HHS”, refiriéndose al Departamento de Salud y Servicios Humanos por sus siglas en inglés.
Fabian afirmó que esas decisiones se manejaban en terreno, agregando que el HHS, que organiza el alojamiento de los menores detenidos, tiene recursos limitados.
“El Gobierno hará que esto suceda”, respondió Sabraw.
El juez también accedió a imponer un plazo límite para que el Gobierno entregue detalles sobre los esfuerzos de reunificación.
La administración ha dicho que sus esfuerzos se han visto retrasados debido a la necesidad de realizar pruebas de ADN y revisiones de antecedentes penales a los padres, y para determinar si están en condiciones de cuidar a sus hijos.
En una presentación ante la corte, el funcionario Chris Meekins del HHS dijo que el Gobierno ha optimizado sus procedimientos de revisión para cumplir con la fecha del 10 de julio que ordenó el tribunal, pero agregó que el proceso más rápido podría poner en riesgo a los niños.
A los adultos ya no se les realizan pruebas de ADN para verificar que son los padres, dijo Meekins, y las revisiones de antecedentes ya no se aplican a los adultos que vivirán con los niños.
Meekins agregó que, si bien el proceso abreviado acelera la reunificación, “aumenta significativamente el riesgo de daño a los niños” y podría resultar en que un menor termine en un ambiente de abusos o con adultos que no sean sus padres.
El Gobierno dijo que pretende identificar entre seis y ocho ubicaciones donde se realizarán todas las reunificaciones. El documento gubernamental no detalla si pretende liberar a las familias luego de la reunificación, deportarlas o mantenerlas detenidas juntas.
