IMPULSO/ Redacción
Toluca
La educación es parte fundamental de la agenda legislativa porque es uno de los principales instrumentos para la regeneración del tejido social y la democratización de las instituciones públicas, afirmó el diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 60 Legislatura, en la apertura del foro La Agenda 2030: orientando la planeación educativa municipal.
Esta convicción mueve a los legisladores a dirigir esfuerzos a la búsqueda de coincidencias con los diversos actores involucrados con el sector educativo, agregó el legislador en presencia del diputado Benigno Martínez García, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, organizadora del encuentro.
Ante servidores públicos del ámbito municipal relacionados con el tema y especialistas en asuntos educativos, Maurilio Hernández celebró la convocatoria a esta reunión y llamó a los participantes de todos los órdenes de gobierno y los poderes relacionados con tareas educativas a hacer lo que a cada uno corresponde para cumplir con un derecho fundamental.
“Estamos en un proceso de transformación y lo asumimos, porque entendemos el momento que nos toca vivir para abonar a que, a través de esta asignatura, podamos recuperar el tejido social degrado por el incumplimiento de este tema fundamental para la evolución social”, sentenció.
Por otro lado, al explicar los motivos y objetivos del foro, Benigno Martínez, quien se pronunció por corresponsabilizar a los municipios en las tareas educativas, dijo que “si la educación como bien común es causa común de la sociedad, conlleva como consecuencia un proceso de amplia participación social para la formulación y aplicación de políticas apropiadas”.
Señaló que el tiempo para cumplir los objetivos de desarrollo sustentable en el renglón educativo que enumera la Agenda 2030 de la Organización de la Naciones Unidas “se acorta”, lo que urge a diseñar un programa propio y homogéneo para los órdenes de gobierno federal, estatales y locales.
Declaró, además, que no será posible promover una educación inclusiva y de calidad si antes no se logra una reducción drástica de la pobreza, la que “seguimos arrastrando como una gran deuda social”.
Bernardo Martínez García, investigador del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, señaló que si bien en el texto constitucional se considera a la educación como un derecho básico que el Estado debe garantizar, en los hechos el sistema educativo presenta enormes rezagos en la cobertura y la calidad de la infraestructura, entre otros aspectos. Los municipios, por ser el orden de gobierno más cercano a la población, pueden y deben asumir responsabilidades educativas, señaló.
Expuso que la pobreza generalizada impide trabajar en un modelo mucho más eficiente e incluyente, lo que puede solventarse orientando las políticas públicas educativas hacia la municipalización, porque es en el espacio municipal donde puede innovarse y romperse con el centralismo en la materia.
Adolfo Rodríguez Guerrero, especialista en el tema y colaborador de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), explicó que la Agenda 2030, a la que México está adherida, pretende cumplir con al menos 17 objetivos para ese año; uno de los principales es alcanzar una educación de calidad, equitativa e incluyente.
Agregó que los municipios pueden contribuir asumiendo acciones específicas que no se consideran en la educación formal e institucional, como promover la educación para la paz y la convivencia, la educación hospitalaria y para la salud, para las emergencias, el uso de las tecnologías de la información y la integración y atención a migrantes, entre otras posibilidades.
Cynthia Martínez Domínguez, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), apuntó que aunque la Agenda contiene 17 grandes objetivos y 169 metas específicas, no todas se refieren al tema educativo, pero éste se concibe como integrador. Uno de los principios que los sustentan es el de “no dejar a nadie atrás”, lo que se logrará precisamente con la garantía de una educación de calidad para todos.
Sugirió a los presentes que identifiquen cuáles de esas 169 metas pueden asentarse en sus espacios y diseñar acciones para la vinculación del municipio con actores particulares como organizaciones no gubernamentales y privadas interesadas en el tema. Destacó como un enfoque propio de la Agenda la horizontalidad de la educación para superar paradigmas antiguos: “Se trata, por ejemplo, de promover que más niñas y adolescentes se formen en áreas técnicas y científicas donde tradicionalmente los varones ocupan más espacios”.
Para Alfredo Martínez Rosas, del Observatorio Ciudadano de Desarrollo Social y Derechos Humanos, las bondades de la Agenda son evidentes, “pero el problema es su implementación, los ‘cómos’”. Se pronunció por difundirla entre los jóvenes que para los años 30 serán profesionistas, precisamente para que entonces lleguen a ser sus operadores y ejecutores”.
Israel Escobar Blanco, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, resaltó la importancia de evaluar las políticas públicas, pues de sus resultados depende la asignación de recursos y la priorización de determinados programas. Apuntó que si bien la educación no es aún facultad de los municipios, es posible proponerlo a partir de una valoración objetiva de su desarrollo y capacidad para responsabilizarse. Llegado el caso, precisó, cada municipio tendrá sus propias condiciones y retos para asumir esta tarea.
