Meade ante la incertidumbre electoral
Carlos Guitián Berniser
El paquete económico 2018 dará certeza al entorno económico frente a las elecciones presidenciales, al garantizar menores niveles de deuda e impulsar las inversiones, decía en septiembre pasado José Antonio Meade, todavía secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“Sin duda, las elecciones traen en sí incertidumbre, frente a la incertidumbre, lo que hemos tratado de hacer es dar elementos de certeza, el paquete económico ayuda”, dijo durante su participación en el Foro Expansión: “Las bases del crecimiento para un nuevo orden mundial”.
El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, el último del Gobierno en turno, determina un ejercicio de cinco billones 279 mil millones de pesos en una dinámica en la que seguirá el anclaje de las reformas estructurales para impulsar la inversión privada.
Con ello, se busca “mandar señales, en el corto y largo plazo que alienten la inversión en México, más allá del espacio y la incertidumbre electoral”, apuntó Meade en el foro señalado.
Ante un menor destino de recursos públicos para la inversión física para el próximo año, el Secretario de Hacienda confiaba en que las reformas estructurales ayudarían a complementar ese menor gasto porque, de acuerdo a la propuesta, se previó un gasto de 344 mil millones de pesos para inversión física, el índice más bajo desde 2008.
El Gobierno federal espera que, pese a este bajo nivel, las reformas estructurales “abran cada vez más espacios para la participación privada en complemento a la pública”, precisó en su intervención y ejemplificó que con la reforma energética existen inversiones comprometidas por 80 mil millones de dólares, además de que se esperan mayores inversiones al amparo de asociaciones público privadas (app) en telecomunicaciones y modernización de aeropuertos.
Finalmente, explicó que, pese a las presiones en el gasto público por el costo financiero de la deuda, participaciones a los estados y pensiones, se dará prioridad a temas de seguridad y sociales.
De los 5.2 billones de pesos en el presupuesto, 1.5 se van a participaciones y aportaciones para los estados, 1.3 para el costo financiero y pensiones y un billón para Pemex, CFE, ISSSTE e IMSS, detalló, por lo que el presupuesto restante, un billón, será para marcar acentos en los temas de seguridad y bienestar social.
Ante este panorama, planteado por el ahora precandidato presidencial de Todos por México, cabría agregar que el lado bueno del proceso electoral es que la economía mexicana experimentará durante la primera mitad del 2018 el efecto expansivo del ciclo político-electoral.
Esta primera fase tiene un efecto positivo para la economía, ya que el gasto público para financiar el proceso y el financiamiento de las campañas, aunado al uso de la política fiscal para crear un ambiente de bienestar social, producen un impulso en la actividad económica.
No obstante, también existe una segunda fase del ciclo, la cual es contractiva e inicia en la segunda mitad del año, cuando se apaga el gasto electoral y el Gobierno saliente enfrenta una restricción presupuestal.
En ese momento, la actividad económica comenzará a desacelerarse y la Administración entrante en diciembre tendrá que enfrentar los primeros ajustes para evitar una aceleración de los desequilibrios fiscal y externo, además del consecuente rebote de la inflación generado por la realineación de precios rezagados: mayormente precios y tarifas públicas, pero para entonces ya sabremos quién será el nuevo presidente.
