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Participación social, motor del modelo educativo
IMPULSO/ Carlos Guitián Berniser

Uno de los aspectos fundamentales del nuevo modelo educativo que impulsa el Estado de México a través de la Secretaría de Educación es el concepto de corresponsabilidad de alumnos, maestros, autoridades y padres de familia, ya que permite abordar desde una óptica cercana a la comunidad la problemática que enfrenta el proceso educativo y las dinámicas de resolución y propuesta de participación social. En ese contexto, destacan particularmente las acciones emprendidas por el titular del ramo, Juan Millán Márquez, para impulsar y consolidar los Consejos de Participación Social de la Educación, que, según sus propios señalamientos, ya operan en un 95% de las escuelas de la entidad.

El hecho concreto es que, a nivel estatal, se ha emprendido un renovado impulso a la participación social en las escuelas a través de diversas normativas como los lineamientos para la constitución, operación y desarrollo de asociaciones de padres de familia y Consejos Escolares de Participación Social en la Educación en escuelas de educación básica del sistema educativo estatal. Dicho de otra forma, Juan Millán está promoviendo la capacidad organizativa y la corresponsabilidad de padres de familia, exalumnos y otros agentes sociales para involucrar a la comunidad en los asuntos educativos y generar un diálogo constructivo y corresponsable en la gestión y organización de las escuelas.

La participación social en la educación es un tema de actualidad e importancia a nivel local y global porque es un imperativo de la era de la información la construcción de un servicio educativo con calidad, equidad y mejora en los resultados de aprendizaje de los alumnos. En ese sentido, la participación social es una nueva forma de impulsar el proceso de descentralización del sistema educativo, favoreciendo la autonomía de las escuelas y la rendición de cuentas en una dinámica que está llamada a desempeñar un papel fundamental en la democratización del sistema educativo y en la mejora de su calidad.

Lo anterior nos permite dimensionar el papel de los Consejos Escolares de Participación Social en la Educación, participación social que, cabe señalar, fue recomendada a México por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que propone que la participación se realice a través de los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS). Sin embargo, advierte que dichos consejos pueden ser un recurso importante para mejorar la calidad escolar, pero el simple hecho de crearlos no generará alianzas sociales eficaces. Los consejos escolares necesitan tener poder o influencia real sobre aspectos importantes, así como suficiente información, formación y transparencia.

Por eso cobran particular significación las acciones de la SEDUC, pues se han logrado integrar y estructurar estos consejos, determinantes en materia de corresponsabilidad de los actores educativos, en más del 95 por ciento de los planteles estatales, sobre todo porque Millán ya había sentado las bases para desarrollar una creciente participación ciudadana en el proceso educativo desde que era subsecretario de Educación Básica, pero, ahora como titular del ramo, ha puesto de relieve el interés prioritario de la administración del gobernador Alfredo Del Mazo en la participación social en la educación, ya que favorece la construcción de bases sólidas para una sociedad democrática, en la cual, quienes participan toman decisiones y desarrollan acciones en corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas.

La participación social en la escuela contribuye a alinear actores, recursos y propósitos a la formación integral de los alumnos, de esta manera, la organización de la escuela y de las aulas se fortalece al contar con el apoyo de las familias y de otros actores externos, no sólo como proveedores de insumos, sino como coadyuvantes en asumir diversas tareas que apoyen el aprendizaje de los estudiantes.

En conclusión, es una tarea loable lograr la participación comprometida de la sociedad a través de las organizaciones civiles, empresariales, sindicales, educativas, culturales y sociales, así como de ciudadanos independientes de los diferentes sectores representativos de la comunidad, todo para contribuir a la calidad de los servicios educativos y, por ende, a la permanencia de los alumnos en la educación básica.

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