IMPULSO/ Redacción
Toluca
El gobernador Eruviel Ávila Villegas envió a la Legislatura mexiquense la iniciativa mediante la cual se propone crear el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, acción que permitirá tener gobiernos más transparentes, abiertos y que rindan cuentas; además, los servidores públicos tendrán que presentar sus declaraciones de intereses, fiscal y patrimonial y, en caso cometer algún acto de corrupción, recibirán sanciones severas.
“Esta iniciativa es parte de toda una política pública del estado, una política pública que apoya, que impulsa la transparencia, que impulsa un Gobierno abierto, que impulsa un Gobierno que rinde cuentas, que previene y combate a la corrupción. Una iniciativa que pretende reformar y adicionar artículos de nuestra constitución para implementar formalmente el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción”, manifestó.
En el Salón del Pueblo de Palacio de Gobierno, el Gobernador mexiquense firmó la iniciativa y señaló que, de aprobarse, se detectará y sancionará con firmeza en el EDOMEX cualquier acto de corrupción, los ciudadanos tendrán un papel más activo para investigar y sancionar este tipo de actos y se emprenderán acciones como: implementar el Comité de Participación Ciudadana, el cual estará integrado por ciudadanos destacados en el combate a la corrupción, organismo encargado de supervisar y ejecutar las políticas en materia de fiscalización y control de recursos públicos, la creación de la Fiscalía Especializada para Combatir la Corrupción, la transformación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad, el cual tendrá la facultad de sancionar a servidores públicos estatales y municipales, así como a particulares que afecten la hacienda pública o el patrimonio del estado y municipios.
La creación del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, integrado por el Órgano Superior de Fiscalización, el Fiscal anticorrupción, el Secretario de la Contraloría, el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el titular del Instituto de Transparencia, los representantes del Consejo de la Judicatura y el Comité de Participación Ciudadana.
Incluye la llamada Ley 3 de 3, es decir, que todos los servidores públicos estatales y municipales estarán obligados a presentar las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.
Se busca dotar de facultades al Órgano Superior de Fiscalización para que revise con mayor detalle la cuenta pública estatal y municipal, además de llevar a cabo acciones ante el Tribunal de Justicia Administrativa o ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.
La Legislatura será la encargada de designar a los encargados de la Contraloría y de los órganos autónomos del Estado de México con la votación de sus dos terceras partes.
Eruviel Ávila indicó que el combate a la corrupción es fundamental para consolidar gobiernos transparentes, honestos y cercanos a la gente, acción que en México se ha fortalecido con la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto y algunas organizaciones civiles.
