IMPULSO/Yuri G. Beltrán
Opinión
El proceso electoral en curso va avanzando. Al hacerlo, arroja datos que permiten evaluar no sólo la manera en que lo administran las autoridades correspondientes, sino también el desempeño de las normas que rigen los comicios en México.
Es el caso del voto foráneo. Sobre este programa acaba de emerger una cifra reveladora: 181 mil personas alrededor del mundo quedaron habilitadas para votar en las elecciones Presidencial y Senatoriales. ¿Cómo interpretar ese número? Se trata de un salto cuántico en el tamaño del listado nominal de electores residentes en el extranjero. Si bien entre 2006 y 2012 el padrón extraterritorial creció apenas de manera marginal, esta vez el cambio fue vertiginoso. El listado actual es tres veces mayor que el de la elección presidencial anterior y 4.4 veces más grande que el de 2006.
Existen votantes radicados en más de 120 países del mundo, lo que confirma el carácter global del modelo mexicano.
Tres factores explican el crecimiento inusual del listado nominal de electores residentes en el extranjero. En primer término, habría que señalar la importancia de la reforma de 2014 que posibilitó la expedición de credenciales fuera del país. Cuatro de cada cinco personas habilitadas para votar extraterritorialmente solicitaron al INE su trámite con una Credencial para Votar foránea.
Segundo, hubo una estrecha cooperación entre las autoridades electorales nacionales y estatales para potenciar el alcance de los esquemas de difusión. Había que promover el derecho al voto exterior, al tiempo que se explicaban los procedimientos para obtener una credencial, activarla e inscribirse en la lista nominal. De ahí la trascendencia de actuar en forma organizada, para abarcar mayores audiencias.
Algunas entidades federativas alcanzaron magnitudes importantes en sus listados nominales foráneos: Ciudad de México (28.6 mil), Jalisco (16.5 mil), Michoacán (14.2 mil), Guanajuato (11.5 mil) y Puebla (10.8 mil). El caso de la capital del país es interesante, toda vez que ocupa el mayor número de inscritos, sin ser la entidad más expulsora de migrantes. Multiplicó el tamaño de su listado 2.5 veces.
Entre las posibles explicaciones de ese hallazgo se encuentran el alto grado de politización de los capitalinos residentes en el extranjero; la presencia institucional en ciudades con alta concentración de originarios de la Ciudad; la eficacia de la campaña #VotoChilango y, por supuesto, el hecho de que la capital ya hubiera tenido elecciones locales extraterritoriales en 2012.
En tercer término, habría que destacar el gran empuje que los Consulados y las organizaciones de migrantes dieron al programa. En un momento histórico en que la contribución de los mexicanos en el exterior fue puesta en entredicho por autoridades estadounidenses, resulta fundamental que el país confirme el alto valor que reconoce en su diáspora y la vigencia de su membresía a la comunidad política. La toma de decisiones está completa cuando incluye a quienes viven en el extranjero.
Subsisten retos que no podemos soslayar. En el corto plazo, hay que garantizar que quienes viven en el exterior cuenten con las condiciones para emitir un voto informado y razonado. Además, hay que mantener alta la probabilidad de que efectivamente voten quienes ya están registrados para hacerlo desde el país en el que viven.
En el mediano plazo, debe evaluarse cómo recuperar la confianza de aquellos mexicanos que residen en Estados Unidos y que se sienten inseguros de inscribirse para votar, por temor a que sus datos puedan ser conocidos por alguna autoridad extranjera. Evidentemente, existen controles de seguridad que hacen imposible la fuga de información.
El desafío de largo plazo es muy claro. Hay que lograr que más ciudadanos en el extranjero se decidan a participar en los asuntos públicos de México.
