IMPULSO/ Mario Melgar Adalid
Decía Maquiavelo con razón que “son sólo la pobreza y las riquezas las que nos hacen desiguales” (Historia, libro 3, cap. XIII). En México esto es tan claro como la desigualdad que inunda la vida nacional. Hay otra desigualdad de menor monta: la de quienes tienen doble nacionalidad y por ello limitados constitucionalmente para ocupar algunos cargos. Si bien esta limitación debería suprimirse en el afán de establecer igualdad plena en el país, mientras exista la prohibición en el texto constitucional debería observarse.
Una columna reciente de Salvador García Soto revela que al menos dos gobernadores del norte, Francisco García Cabeza de Vaca (Tamaulipas) y Javier Corral (Chihuahua), tienen doble nacionalidad. Es decir son mexicanos, pero también ciudadanos estadounidenses. Más allá de la violación a la Constitución mexicana (artículo 32) y a la de EU (lealtad, no servir a un gobierno extranjero, defender los principios y valores estadounidenses), el papel que ambos gobernadores desempeñan, particularmente en la relación con EU, trae consigo el dilema de la doble nacionalidad, seguido de la doble ciudadanía y consecuentemente de la doble lealtad.
Pero este dilema no es solamente de los dos gobernadores con doble nacionalidad. Atañe también a más de 11 millones de mexicanos en Estados Unidos que enfrentan el dilema de la doble lealtad. La persistente crítica de los dos gobernadores al gobierno federal, a la que se ha unido el recientemente inaugurado gobernador de Baja California, así como la velada amenaza de autonomía independentista en el norte no es nueva, pero sí merecedora de atención.
En los estados del norte empiezan a surgir voces autonómicas ante los problemas de vida cotidiana: como la inseguridad de las personas y los bienes, la paz social, la concordia nacional. Algunas personas en el norte, muchas de ellas con doble nacionalidad, claman por la emancipación del centro en razón de políticas que resultan incomprensibles.
Hace algunos años planteé en una novela (“La última jugada de Santa Anna”, Random House, 2017) lo que podría acontecer al llegar la fecha límite de una cláusula secreta de un Tratado celebrado entre México y Estados Unidos para dar término a la guerra entre los dos países: Santa Anna pacta la pérdida del territorio ante el vecino del norte a cambio de reivindicar su nombre ante la historia. Al llegar el año 2018, los habitantes de los estados de la Unión Americana que fueron territorio mexicano: Texas, Nuevo México, Arizona, California, Oregón y parte de Utah deben decidir en plebiscito si permanecen formando parte de la Unión Americana, si cada uno crea un país con personalidad internacional (California sería la quinta economía mundial), si regresan a México y se recupera la frontera previa a la pérdida de Texas; si se unen y forman un país distinto a México y a EU. En las distintas hipótesis los ciudadanos con doble nacionalidad tendrían en sus manos decidir su futuro político.
El padre Solalinde, fervoroso porrista de la 4T, viola cotidianamente la Constitución. Esto, a nadie le importa, salvo a Elisur Artega, el destacado constitucionalista mexicano. Conforme a la Constitución los ministros del culto no podrán “realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna” (artículo 130, fracción e)
Solalinde se lanzó contra la familia LeBarón por acudir con Donald Trump a pedir que se clasifique a los cárteles mexicanos de la droga como terroristas. Para Solalinde la estrategia de defensa de la dolida familia, con doble ciudadanía, es un pecado mortal. Pide que digan “de qué lado están, si con México o con Estados Unidos”. Un integrante de la familia LeBarón respondió en su discurso del domingo en la marcha de opositores anti-4T: “Estamos a favor de la vida”. Su dicho trasciende cualquier nacionalidad, así sea doble.
Maquivelo pudo haber sido el asesor para el remate de su discurso cuando señaló: “Todo tiene remedio si no es la muerte” (Celestina, Acto IV, escena 1, obras escabrosas).
Twitter: @DrMarioMelgarA
