IMPULSO/ Juan Manuel Portal
Poco a poco, los distintos componentes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) comienzan a integrarse; en esta semana, por ejemplo, se llevaron a cabo las entrevistas para los aspirantes a ocupar el puesto de secretario técnico, cuyo nombramiento en los próximos días será de capital importancia para seguir avanzando en esta etapa de creación institucional. En este contexto, en la Auditoría Superior de la Federación llevamos a cabo un proceso de reflexión y análisis respecto a las distintas temáticas que podrían ser de especial relevancia para su discusión en el seno del SNA y que, de considerarse adecuado, sirvieran como insumo para la integración de su Plan de Trabajo.
Concentrar los esfuerzos de una instancia organizativa de la magnitud del SNA en personajes específicos sería, desde nuestro punto de vista, desvirtuar la filosofía que subyace a esta importante iniciativa. Como parte del nuevo esquema de rendición de cuentas, se prevén sanciones severas para infractores, pero su acento recae en la eliminación de los factores que permiten la comisión de este tipo de actos.
Abordar estos elementos, desde una óptica transversal y que atienda a los tópicos de naturaleza estructural o los riesgos que enfrentan las distintas entidades que forman parte del aparato gubernamental, debe ser la prioridad del SNA, y para hacerlo necesita de información estratégica que le permita proponer políticas y exhortos que tengan un impacto real en cuanto al abatimiento de las causas de la corrupción, en vez de concentrarse en sus efectos. Con este objetivo en mente, la ASF propondrá una serie de temas específicos que podrían agruparse en cuatro categorías.
La primera tiene que ver con aquellas circunstancias que, al estar tan profundamente enraizadas en la cultura administrativa de distintos entes gubernamentales, sientan las bases para que quienes rinden sus servicios en ellos adopten a la corrupción como un factor más en la conducción de su trabajo. Se refieren a incentivos, intereses, marco de integridad, inercias operativas, colusión con intereses privados, limitantes profesionales, opacidad, discrecionalidad, entre otros.
El segundo grupo está centrado en torno a las acciones que se pueden tomar para actuar de manera preventiva ante la corrupción; reúne a los asuntos a tomarse en cuenta para generar un ambiente de control en el interior de toda institución pública, a fin de minimizar la probabilidad de que se materialice una acción al margen de la legalidad y el interés público. Esto incluye un levantamiento, a nivel nacional, de los principales riesgos que enfrentan las instancias gubernamentales.
En tercer lugar, podemos afirmar que el propio SNA no está exento de la posibilidad de ver afectada su gestión por distintos tipos de riesgos; al ser una instancia que debe predicar con el ejemplo y generar confianza en la opinión pública, es preciso tener bajo estricta supervisión los aspectos operativos del SNA vinculados con el cumplimiento de su mandato constitucional. Finalmente, como resultado de la labor fiscalizadora que realiza la ASF, se han detectado distintas cuestiones en la administración pública que representan factores de riesgo para generar corrupción; en nuestros informes a la Cámara de Diputados hemos sido especialmente insistentes acerca de la necesidad de aplicar medidas para revertir estas tendencias.
La ASF busca llevar a la agenda del SNA temas que abarquen los distintos ángulos y variables que explican la prevalencia del fenómeno de la corrupción. Desde nuestra perspectiva estos asuntos deben incorporar las prioridades en el ánimo social —identificables por distintos medios—. Adicionalmente, debemos evitar ser presa de lo políticamente correcto. Nuestra efectividad debe sustentarse en un análisis técnico y objetivo.
