María Elena Morera
De acuerdo con el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación, emitido el pasado 19 de enero, durante cinco años consecutivos se han desviado recursos públicos para desarrollo social, por un monto de 4 millones 749 mil 715.3 pesos entre 2012 a 2015, más 2 millones 130 mil 986.6 pesos en 2016. Esto significa que, desde el inicio del presente gobierno, hay al menos 6 mil 880 millones 701 mil 900 pesos que no sabemos dónde están. Aunque quizá no todos estos recursos hayan sido malversados, sí sabemos, gracias a la Auditoría, que la mayoría fueron desviados con una mecánica burda utilizando empresas fantasmas.
Es importante resaltar que se trataba de fondos para desarrollo social, por lo que este tipo de corrupción es, además, una infamia. Baste recordar que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social reveló que el porcentaje de personas que no pueden adquirir la canasta básica alimentaria en México, pasó de 40 a 41% entre 2016 y 2017. Esto significa que 50 millones 880 mil mexicanos viven en pobreza salarial y que, aún si hicieran uso de todo el ingreso laboral disponible en el hogar, no podrían adquirir los bienes de la canasta alimentaria. Pero mientras el año pasado un millón 821 mil personas más no ganaron lo suficiente para alimentar a sus familias, el gobierno federal tuvo otras prioridades.
¿Cómo dimensionar el desfalco? Sólo como ejercicio, qué se podría haber hecho con ese dinero en materia, por ejemplo, de seguridad. Hagamos cuentas. Este dinero equivale:
A 98% del presupuesto de Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública de este año, destinado al desarrollo de las 32 policías estatales.
A la suma total de los recursos que, de dicho Fondo, recibieron seis estados en los pasados ocho años (Aguascalientes Colima, Campeche, Zacatecas, Tlaxcala, Nayarit).
Al salario promedio anual de 659 mil 450 policías (si los tuviéramos).
Al dinero necesario para que las 14 entidades con salarios más bajos, pagaran a sus policías el salario promedio nacional durante estos 4 años; o bien, para que 24 entidades pagaran a todos sus elementos 14 mil pesos, 40% más que el salario promedio nacional.
La capacitación y evaluación de 573 mil 392 elementos (a un costo promedio de 12 mil pesos).
25 veces más de lo que se invirtió en capacitación de policías para operar el nuevo sistema de justicia penal (271.3 millones de pesos).
Una capacitación de 330 horas en las siete competencias básicas para todos los policías del país (el costo de la capacitación de 40 horas fue de 3 mil 500 por elemento).
12 mil 872 patrullas nuevas (tomando el precio al que las compró el gobierno de la CDMX en 2015).
No alcanzan los recursos para al menos mitigar la pobreza extrema en la que viven la mitad de los mexicanos. Tampoco tenemos recursos para medio arreglar nuestras policías. ¿Y encima se roban los pocos recursos con que cuenta el gobierno para atender estas prioridades? Recursos que, por cierto, pusimos los ciudadanos. Y, lo más insultante: con una mecánica que se repitió año con año, sin recato y sin consecuencias. ¿Por qué, mientras la Auditoría da a conocer, una vez más, estos desvíos; la PGR en lugar de investigarlos, se limita a sacar el mayor provecho posible para atacar a adversarios políticos?
Por eso el país no podrá avanzar o, más bien, por eso no dejamos de retroceder. Mientras no terminemos de construir un auténtico Sistema Nacional Anticorrupción, con magistrados y fiscales incluidos; mientras no pasemos del recuento de nuestras desgracias, a las acciones para remediarlas. Entretanto, nuestro país seguirá definiéndose por su pobreza, su violencia, su corrupción y su impunidad.
(Colaboró: Fabiola Jazmín Mondragón Herrera, investigadora de Causa en Común). Twitter: @MaElenaMorera
