IMPULSO/ Agencia SUN
San José, Costa Rica
Casi 30 años después de que el dictador Augusto Pinochet entregó el poder en Chile en marzo de 1990, luego de 17 años de un temible gobierno de facto, y marcó el final de las dictaduras militares que gobernaron en Latinoamérica en la segunda mitad del siglo XX, con aval de Estados Unidos, el turbio pasado de los regímenes derechistas volvió a golpear en Argentina, Brasil, El Salvador, Guatemala y Uruguay.
El recuerdo de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos para combatir a guerrillas comunistas en excolonias de España y Portugal, con miles de detenidos-desaparecidos, asesinatos políticos, masivos e indiscriminados arrestos arbitrarios y torturas regresó en las últimas semanas al escenario político de los cinco países.
“La impunidad daña a las democracias de América Latina”, afirmó el salvadoreño Miguel Montenegro, director ejecutivo de la (no estatal) Comisión de Derechos Humanos de El Salvador. “Proteger a los culpables de graves crímenes es un error que lleva a la impunidad, que es no hacer justicia. Sin justicia las heridas siguen abiertas. Es falso que las heridas de la represión estén cerradas”, dijo Montenegro a EL UNIVERSAL.
El debate por la represión política en la dictadura en Uruguay, de 1973 a 1985, se agudizó desde marzo anterior por el malestar de las fuerzas armadas con la justicia uruguaya por los juicios a militares por violar los derechos humanos.
El gobierno uruguayo cesó este mes a seis generales de la cúpula castrense, luego de que un militar confesó que lanzó cuerpos a un río en la década de 1970 en su labor antisubversiva. Uruguay registró unos 200 desaparecidos en la dictadura, entre otros crímenes, según grupos uruguayos de derechos humanos.
La pugna sobre la dictadura de Brasil (1964-1985) resurgió con el ascenso del ultraderechista Jair Bolsonaro a la presidencia de ese país en enero pasado. Al defender a finales de marzo anterior el 55 aniversario del derrocamiento del presidente Joao Goulart, Bolsonaro negó que lo ocurrido en 1964 fuera un golpe de Estado o el inicio de una dictadura de 21 años y alegó que se trató de una revolución.
Organizaciones brasileñas no estatales de derechos humanos replicaron que en el gobierno castrense hubo terror, torturas, detenciones arbitrarias y desaparecidos y unos 434 asesinatos políticos.
La desclasificación este mes en EU de miles de documentos de la dictadura militar de Argentina, de 1976 a 1983, reabrió la opción de penetrar los secretos de un régimen con una secuela de unos 30 mil desaparecidos y otras violaciones a los derechos humanos.
El Salvador continuó atrapado este año en la opción de amnistiar a militares por las atrocidades en la guerra civil que sacudió a esa nación, de 1980 a 1992, y dejó unos 80 mil muertos y desaparecidos.
Finalmente, en Guatemala creció la presión política creció en 2019 para perdonar a las castas castrenses por las violaciones a los derechos humanos en el conflicto bélico en ese país, de 1960 a 1996, que se saldó con 200 mil muertos y desaparecidos.
