Detectan irregularidades en trato a internos de cárceles de Jalisco

IMPULSO/ Agencia SUN
Ciudad de México
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) emitió el informe 3/2018 al detectar distintas irregularidades relacionadas con la falta de trato humano y digno, legalidad y seguridad jurídica, protección de la salud e integridad personal que constituyen factores de riesgo en materia de tortura o maltrato en 29 lugares de detención en el estado de Jalisco.
El Informe está dirigido a los presidentes municipales de 20 ayuntamientos de Jalisco de los que dependen de esas instancias.
De los 29 centros de detención, 19 están destinados a la aplicación de sanciones administrativas de arresto y 10 funcionan como cárceles municipales, además de una casa hogar para menores de edad.
El MNPT detectó privilegios para algunas personas privadas de la libertad, como en la cárcel municipal de Atotonilco el Alto, donde el interno encargado de dormitorio duerme en una celda con un solo compañero y cuenta con televisor y baño; y en la de Encarnación de Díaz, donde hay pantallas de plasma en algunas celdas, a pesar de que la población no tiene derecho a ellas.
Indicó que en la cárcel municipal de Sayula, personas privadas de la libertad realizan labores exclusivas del personal de seguridad y custodia, como cerrar los dormitorios con candado y vigilancia de algunas zonas del centro de internamiento.
El MNPT hizo un llamado a que los centros de detención cuenten con las condiciones de habitabilidad y de higiene que garanticen una estancia digna y segura, como planchas para dormir y colchonetas, ventilación e iluminación suficientes, instalaciones sanitarias que funcionen y permitan satisfacer las necesidades fisiológicas, y que se garantice el suministro de agua.
Recomendó realizar las gestiones necesarias e inmediatas para que todas las personas privadas de la libertad reciban en horario establecido, tres veces al día, alimentos con valor nutritivo, puesto que 13 comisarías y separos no cuentan con partida para alimentos.
Señaló que la comisaría de El Salto, por ejemplo, proporciona una sopa instantánea hasta tres veces al día, aunque no hay registro de entrega; la de Lagos de Moreno, una sopa instantánea al día, y la de Ocotlán, un alimento al día.
Agregó que en las cárceles municipales de Atotonilco El Alto, Encarnación de Díaz, La Barca, Ocotlán, San Juan de los Lagos, Teocaltiche y Yahualica de González Gallo se entregan despensas en cantidades insuficientes para que las personas privadas de la libertad preparen sus alimentos.
El MNPT informó que hay sobrepoblación en la comisaría de Jalostotitlán y en la cárcel municipal de Encarnación de Díaz, mientras que en los separos de Chapala, Tequila y Zapotlanejo, y las comisarías de Lagos de Moreno, Ocotlán, Sayula y Yuahualica de González Gallo no hay celdas exclusivas para mujeres, y las cárceles municipales de San Juan de los Lagos, Teocaltiche y Yahualica carecen de espacios para alojar mujeres, a quienes se coloca en las áreas administrativas o de ingresos.
Respecto a sanciones administrativas, el MNPT señaló que algunos separos no cuentan con juez calificador y el director de seguridad pública las impone. En varios centros de detención no hay Comité Técnico y no se otorga el derecho de audiencia a las personas privadas de la libertad a quienes se impondrá medida disciplinaria, mientras que otros no cuentan con personal técnico para la reinserción social.
También observó que jueces calificadores, encargados del área de arresto, titulares y jefes de seguridad y personal médico no han recibido capacitación en materia de prevención de la tortura, como tampoco se cuenta en esos centros con programas para prevenir y atender situaciones o eventos violentos.
Por esas razones el MNPT solicitó a los presidentes municipales a quienes dirigió este Informe dar seguimiento a las observaciones señaladas y designar en un plazo de 30 días naturales a un funcionario con capacidad de decisión para dialogar y valorar las medidas para prevenir cualquier acto de autoridad que vulnere la integridad de las personas privadas de la libertad.