Por: Arturo Albíter Martínez
Diferentes instancias analizan posibilidad de que personas privadas de su libertad puedan votar.
Jorge Olvera, Comisionado de Derechos Humanos en la entidad se manifiesta en contra de esa medida, es anticonstitucional y no aseguran un voto libre y pensado.
Comentario del día: Que las Comisiones de Giro Municipal no se instalen a tiempo, seguro provoca la “sonrisa” de algunos funcionarios estatales que se oponían al cambio. Presumen avances para tramitar evaluación de impacto estatal.
Emite Congreso local exhorto a los Ayuntamientos para que integren el Comité Municipal de Dictámenes de Giro.
Durante los últimos meses mucho se ha comentado sobre la posibilidad de que las personas privadas de su libertad tengan la posibilidad de votar en las próximas elecciones.
Tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como la senadora de Morena, Nestora Salgado, se han manifestado a favor de esta posibilidad, incluso la segunda ha impulsado una iniciativa para que los presos puedan votar.
El mes pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se manifestó a favor de una propuesta del mismo Instituto Nacional Electoral para garantizar los derechos electorales de las personas privadas de su libertad, que no estén sentenciadas, pero se encuentren internas en Centros Federales de Reinserción Social.
La intención es que esas personas puedan votar en las próximas elecciones donde se van a elegir diputados federales.
El argumento de la instancia tiene que ver con el hecho de que así se daría un paso importante para el reconocimiento de las personas privadas de la libertad como parte de la sociedad y recuerda que la base medular de la prisión es la reinserción social.
Avala que los presos gocen de ese derecho con las medidas de seguridad que se requieran.
Además, que el voto se de en un clima de seguridad, secrecía y sin coerción, ni condicionamiento alguno.
Por su parte la senadora, Nestora Salgado, ya dio a conocer que impulsa una iniciativa para que los presos puedan votar. Explica que en un Estado democrático debe prevalecer la dignidad de las personas y se eliminen las restricciones que impidan el goce efectivo de sus derechos.
Con la iniciativa busca modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo de garantizar el derecho al voto de todas las personas que se encuentran privadas de su libertad.
EL COMISIONADO DE DERECHOS HUMANOS MEXIQUENSE, JORGE OLVERA, SE MANIFIESTA EN CONTRA DE DICHA MEDIDA
Por su parte, Jorge Olvera, presidente de la CODHEM explicó que de conformidad con la fracción II del artículo 38 de la Constitución federal, los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por estar sujetos a un proceso criminal, por el delito que merezca pena corporal, contando a partir del auto de formal prisión.
Entonces, para que los presos puedan ejercer el derecho al voto es necesario, además de una reforma constitucional, tener en cuenta diversos factores o circunstancias.
También se deben tomar en cuenta otros factores, el recurso que se va a gastar para llevar los paquetes electorales, la seguridad en los penales, pero sobre todo la secrecía y libertad para votar.
Otro tema a resolver es la forma en la que los candidatos le harán llegar a los presos sus propuestas, para que el sufragio sea libre e informado.
Por lo tanto, no es viable que una persona que se encuentra privada de su libertad pueda ejercer su voto.
El también abogado, Jorge Olvera, apuntó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido varias jurisprudencias al respecto de los derechos políticos de las personas privadas de su libertad, llegando a la conclusión de que el derecho al voto debe suspenderse cuando la persona procesada esta privada de su libertad.
Falta mucho por comentar sobre este asunto y aunque se podría realizar una prueba piloto en algunos Centros Penitenciarios federales, lo que parece difícil de asegurar es que los internos voten informados y libres.
COMENTARIO DEL DÍA: MIENTRAS LA INSTALACIÓN DE COMITÉS DE GIRO VA LENTO, EL GOBIERNO DEL ESTADO PRESUME ACCIONES EN EVALUACIÓN DE IMPACTO ESTATAL
Durante tres años, el Gobierno estatal hizo muy poco en el tema relacionado con el Dictamen Único de Factibilidad, aun así, hicieron un intento por defender el trámite, pero no les alcanzó, los resultados y el pésimo trabajo de operación los marginaron.
En ese momento varias voces lanzaron una alerta para advertir que los municipios no eran la mejor opción para manejar este trámite. Y todo parece indicar que casi el 50% de los Ayuntamientos no están interesados en el tema.
Por su parte, la administración estatal presume que ya tienen una plataforma web para tramitar la evaluación de impacto estatal. Que ya agilizaron los trámites para obtener el documento.
Aseguran que tienen un sistema de citas para agendar asesorías personalizadas en la modalidad que se prefiera, llamada telefónica, videoconferencia o presencial.
La gran mayoría de trámites ya no los atiende la Comisión de Impacto Estatal, quizá eso los haga un tanto más eficientes, pero si algo caracteriza a esta administración es la enorme burocracia que existe en casi todas las dependencias.
EMITE CONGRESO LOCAL EXHORTO PARA AYUNTAMIENTOS INTEGREN COMITÉ MUNICIPAL DE DICTÁMENES DE GIRO
Se les vino encima el tiempo. Falta muy poco para que se cumpla el plazo que se marcó en el estatuto que obligaba a los Ayuntamientos a integrar el Comité de Giro.
A pesar del exhorto seguramente no les dará tiempo de instalarlo. Administraciones como la de Toluca y Huixquilucan, por nombrar un par, no cuentan con los elementos suficientes para completar el proceso, porque simple y sencillamente no están interesados en ello. Más de tres años y no tienen el de Participación Ciudadana.
En la exposición de motivos que hace el legislador Alfredo González González, presidente de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico reconoce que menos de la mitad de los Ayuntamientos han integrado su comité.
La Legislatura cumplió con los empresarios, intervino para desaparecer el DUF. Los presidentes municipales no están interesados en respaldar acciones en favor de la economía mexiquense.
