IMPULSO/ Adriana Tavira García
Autonomía y contrarreforma universitaria
El próximo mes de septiembre inicia el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la LX Legislatura Local y todo apunta que será en ese lapso cuando las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Educación, Ciencia y Tecnología, dictaminen la procedencia o improcedencia de alguna de las dos propuestas de Reforma a la Ley Universitaria que tienen en sus manos para estudio:
una aprobada por el Consejo de la Universidad Autónoma del Estado de México y presentada por el Rector, Dr. Alfredo Barrera Baca al legislativo; la otra turnada por el grupo que autodenominado Red Universitaria Transformadora (RUT) liderados por Jaciel Montoya y Fermín Carreño, profesores investigadores cuya reputación académica y moral, está en permanente cuestionamiento. Se trata de dos académicos que no tienen representación alguna de la universidad para acreditarse un proyecto institucional, ni orgánica, ni académica, ni de gobierno y mucho menos ética o moral.
La valoración que se haga de las propuestas en las comisiones legislativas, para que se haga justicia a la verdad y a la legalidad, debe tomar en cuenta tanto el contexto en el que se formula la reforma Carreño-Montoya, a la que llamaremos contrarreforma para distanciarla de la que sí es legal y legítima, así como los antecedentes nada encomiables de quienes formularon tal proyecto.
No es de extrañar que los mismos legisladores de Morena admitan una semejanza entre ambas propuestas de Reforma hasta en un 70%. Jaciel Montoya, acostumbrado a plagiar los trabajos de quienes trabajan para él no se tomó la molestia de escribir su propia Reforma, sino que reescribió la que ya había aprobado el Consejo Universitario en funciones y legalmente constituido.
Sería largo enumerar los artículos de la Reforma aprobada por el Consejo Universitario que plagiaron textualmente, los que reescribieron para darles “originalidad”, y las lagunas que dejaron en temas que son de interés para la vida universitaria. A los que sí pusieron mucho empeño, y es donde están las diferencias sustanciales, son aquellos donde dejan ver normas inflexibles que por principio merman las facultades del buen gobierno universitario, así como sus verdaderas y mal maquilladas intenciones de apropiarse de la universidad, al solicitar en uno de los transitorios la destitución del rector y actual Consejo Universitario.
Pero ahí no para el asunto. La propuesta Carreño-Montoya, contra todo lo que dispone la actual normativa universitaria es ilegal, más cuando sus creadores no respetaron los procedimientos internos y su propuesta es producto de micro foros a los que asistieron sus amigos más cercanos y no más de un centenar de estudiantes despistados. El buen juicio demanda que deban demostrar los mecanismos que utilizaron para que en sus reuniones haya estado representada la voluntad de los 87,417 alumnos matriculados en la UAEM. ¡Imposible hacerlo!
Lo insostenible y risible del caso es que en una segundona intentona de legitimar su contrarreforma, después de ingresar su proyecto a la Cámara de Diputados, quieran convocar a foros de consulta, cuando el procedimiento que señala el reglamento del Consejo Universitario dicta con precisión lo contrario: la consulta debe ser el primer paso para que el resultado, es decir, la Reforma, pueda ser revisada y mejorada por los universitarios.
Llama poderosamente la atención que la Cámara de Diputados haya aceptado ingresar la propuesta de contrarreforma bajo la premisa de que los autores son dos ciudadanos con todo el derecho a hacerlo, pero sin tomar en cuenta que no se trata de dos ciudadanos comunes sino de dos profesores investigadores, que desde el momento que ingresan a la universidad aceptan contractualmente ceñirse, respetar y acatar las leyes y reglamentos, universitarios. Es decir, la Universidad que los contrata tiene su propia normatividad, amparada en la autonomía, que da cuerpo a un proyecto de Reforma a la Ley, jurídicamente hablando, legal por donde se le busque.
La ilegalidad e ilegitimidad en la que surge la contrarreforma universitaria, es clara en más de un sentido, primero porque no surge de la comunidad universitaria ni expresa consensos y, sustancialmente porque tal y como lo señala el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM, Samuel Espejel Díaz González, hay una contradicción de fondo que vulnera a la autonomía universitaria en tanto la propuesta Carreño-Montoya, enarbolada por un congresista de Morena como propia: “desde el punto de vista formal conforme a derecho […] es legal, desde el punto de vista material desde la realidad sí existe [vulneración] porque son agentes externos los que proponen modificación interna”.
Desde el punto de vista jurídico, de aprobarse la nueva ley esta no surtiría eficacia material inmediata en lo que corresponde a la sustitución del rector y consejo universitario en tanto éstos fueron legalmente elegidos por las leyes vigentes. En todo caso, la sustitución del rector y el consejo universitario sería sólo posible hasta que la actual administración, legalmente constituida, termine su mandato. De no ser así, el poder legislativo estaría dejando en estado de indefensión al actual gobierno universitario, cometiendo una evidente transgresión al principio de certeza jurídica claramente establecido en la constitución.
Está en manos de las comisiones del Poder Legislativo detener una contrarreforma golpista que viola la autonomía universitaria amparada en todo sentido por las constituciones federal y estatal. Esto es lo que está en juego: el respeto o el atropello al Estado de Derecho.
