Beatriz Paredes
Artículo
Los anuncios que hace un Presidente siempre son importantes. Mucho más cuando suponen líneas de acción que van a modificar el orden establecido, a innovar, con la posible afectación de intereses.
En medio de un diluvio de anuncios, y una capacidad innegable de cubrir el espacio noticioso con un significativo alineamiento de los medios, hubo un anuncio que llamo poderosamente mi atención, primero, y después, al reflexionar con mayor profundidad, me provocó un gran desconcierto.
Es verdad que desde hace varios lustros las distintas administraciones federales mencionaban estrategias de descentralización, y aunque en ocasiones había genuino interés de ponerlas en marcha, el enorme grado de dificultad, los altos costos de las medidas y los niveles de resistencia, llevaron, las más de las veces, a que las intenciones de descentralizar se pospusieran y acabaran por no realizarse.
Solo el INEGI pudo, descentralizarse y el proceso de la adaptación de la ciudad de Aguascalientes, que fue la entidad receptora, fue harto complejo.
Por eso me sorprendió una comunicación de la magnitud del anuncio que habla de un esquema de dispersión de la Ciudad de México: Turismo a Chetumal, Quintana Roo; Semarnat a Mérida, Yucatán; Sener a Villa Hermosa, Tabasco; Sedesol a Oaxaca, Oaxaca; SEP a Puebla, Puebla; Cultura a Tlaxcala, Tlaxcala; SSA a Chilpancingo, Guerrero, Sagarpa a Guadalajara, Jalisco; SFP (Contraloría) a Querétaro, Querétaro; STyPS a León, Guanajuato; Sedatu a Pachuca, Hidalgo; SCT a San Luis Potosí; SE a Monterrey, Nuevo León, según declaraciones citadas por los medios de informativos.
Las consecuencias de una decisión de este tamaño implican un proceso que supone contar con la voluntad de las personas involucradas, tanto trabajadores de confianza como trabajadores de base. Disponer de recursos para pagar liquidaciones. Tener recursos para alquilar oficinas o comprar edificios. Disponer de recursos para financiar los programas de vivienda de los empleados que se desplacen. Tener recursos para traslado o adquisición de equipos de oficina.
Y desde luego, contar con la empatía de la sociedad que será receptora, ciudades que dispongan de servicios suficientes y áreas para expansión de viviendas, oferta educativa, etcétera.
¿Será que se hizo una valoración serena de los alcances de tal medida?
¿Será que se desconoce que en términos generales los estados modernos han pretendido ubicar “Ciudades Administrativas” donde concentran a los ministerios, para facilitar la gestión ciudadana, y cuando grupos sociales se trasladan del interior para realizar sus gestiones, puedan llegar a una sola ciudad en donde encuentren todas las ventanillas?
Será que se pensó en que es una buena forma de “sacudirse” al personal de confianza, recordemos que el punto 21 de los 50 puntos, estipula: se reduce toda la estructura de confianza en 70% de personal y del gasto de operación. Tal vez entonces, al negarse al traslado, sea más fácil hacer renunciar al personal de confianza. Aunque debemos recordar que existe el servicio civil de carrera, con una legislación vigente.
Las resistencias del personal de confianza y del personal de base tendrán que ser vencidas; una tarea de convencimiento y persuasión que se antoja difícil. Desde luego, es indispensable proteger sus derechos.
Me pregunto si con todos los problemas y circunstancias complejas con que iniciara la nueva administración es necesario someterla a un nivel de tensión mayor en muchos de los frentes de la gestión gubernamental. Para mí es claro que dispersar no es descentralizar. Ni siquiera se puede interpretar como una medida de fortalecimiento federalista, pues la decisión inédita de nombrar coordinadores del gobierno federal en cada entidad federativa se ha identificado por muchos como una medida antifederalista y que tiende a debilitar a los gobiernos estatales.
Entonces ¿de qué se trata? Una buena intención para impulsar el desarrollo regional, sin meditar en dificultades y viabilidad o el voluntarismo es tal que no se compadece de la realidad, y meditaron en que se puede ocasionar la parálisis de los programas gubernamentales en todo el periodo del tiempo que lleve este reacomodo geográfico y funcional o será que están midiendo resistencias y capacidad de debate racional, convicciones y firmeza, confiando en que la impronta cortesana que caracteriza a la élite mexicana, se acomodara y que se doblegaran objeciones con tal de ser reconocidos en el nuevo andamiaje de la toma de decisiones.
Simplemente, estoy desconcertada.
Espero que la lucidez se imponga y se acote un planteamiento a todas luces desbordado, para que no se afecte gravemente a la Administración Pública Federal, al ejercicio eficiente de sus programas, todo inicio de sexenio implica cambios y modificaciones. Es lógico y natural. Lo que importa es que no se afecte la viabilidad de la operación del Estado mismo. Allí el desafío.
