IMPULSO/ Bettina Falcón Valerdi
Columna
El delito que más daña a las mujeres, hoy en día, es la desaparición; pero en el Estado de México este flagelo reviste mayores riesgos, porque en otras entidades el 75 por ciento de las personas desaparecidas son hombres y el 25 por ciento son mujeres, mientras que en la entidad mexiquense esta cifra casi se duplica al reportar un 45 por ciento de mujeres y un 54 por ciento de hombres.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Comisión para la Equidad de Género de la Legislatura local convocó a varios colectivos que están en búsqueda de sus familiares desaparecidos, a participar en el Conservatorio “Mujeres en Peligro… Manos a la Obra”, con el objetivo de visibilizar el gravísimo problema que representa la desaparición forzada.
De acuerdo al informe presentado por Ana Laura Velázquez Moreno, ser mujer en el Estado de México es un riesgo porque gran parte de las desapariciones involucran mujeres. En el país, por cada 10 desapariciones tres corresponden a mujeres, pero en la entidad son cinco las que se reportan por cada 10.
No obstante estas cifras, hasta hace más de un año la desaparición por particulares no estaba tipificada como delito, por lo que los casos ocurridos hasta antes de noviembre de 2017, no eran investigados, o se investigaban bajo otro tipo penal.
Por ello, los colectivos acordaron solicitar que se emita una segunda alerta de género. Si bien en la entidad existe una alerta por los casos de feminicidios, se considera que esto no ha sido suficiente porque diariamente sigue habiendo niñas y mujeres que continúan desapareciendo.
Cabe aclarar que la alerta de violencia de género es sui generis en el mundo, solo existe en México, y era un mecanismo de emergencia en un territorio determinado. Pero ante los complejos procesos violentos que presenta nuestro país, que está convertido en una fosa común, pues cuenta con más de medio millón de restos óseos tirados, enterrados por todo el territorio nacional, las alertas se han convertido en un mecanismo de presión para generar políticas públicas.
La realidad de este flagelo ha superado a las instituciones, las organizaciones sociales y las leyes. El problema se empezó a visibilizar desde el año 2006, cuando inició la guerra abierta contra el crimen organizado, sin embargo, únicamente existe la ley general en materia de desaparición y próximamente se legislará en el Estado de México el marco legal correspondiente.
Ante esta ausencia legal, los colectivos han consolidado sobre la marcha una serie de procesos en temas forenses para poder realizar la búsqueda de sus familiares porque hasta ahora, el estado mexicano a nivel federal y local, únicamente están tratando de dar una respuesta a esta problemática.
Ximena Ugarte Trangay, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia explicó que en el Estado de México, las desapariciones son perpetradas por particulares, a diferencia de las que suceden en Veracruz, Coahuila o Tamaulipas que se denominan forzadas porque son agentes del estado quienes comenten este delito.
Asimismo señaló que en la entidad, se tienen que fortalecer los mecanismos de búsqueda y de investigaciones para poder tener una perspectiva de género que permita generar mecanismos diferenciados de atención a las víctimas, porque la mayoría de las víctimas indirectas y familiares que se encuentran en búsqueda, son mujeres y porque la búsqueda está relacionada con la concatenación de los delitos que pueden estar involucrados a la hora de la desaparición de una mujer.
Explicó que la desaparición puede derivar en los delitos de abuso y explotación sexual; trata de personas; tráfico de estupefacientes y mercancías de contrabando y/o, feminicidio.
Aclaró que el feminicidio no está desvinculado de la desaparición, o incluso, del robo de infantes, pero dijo que son patrones de criminalidad que se han tratado de investigar sin que haya cifras porque no hay registro estatal o nacional que precise cuántas personas han desaparecido; cuántas han sido encontradas con vida o sin vida, etc. Tampoco existen mecanismos forenses adecuados para la identificación de cuerpos.
Si bien el Estado de México cuenta con la emisión de una primera alerta de género, con una fiscalía especializada en desaparición y existe una comisión de búsqueda y las células de búsqueda que se fortalecieron a partir de la emisión de la primera alerta, en general las experiencias de los colectivos no reflejan avances en su búsqueda sino por el contrario, encuentran indiferencia y revictimización por parte de las autoridades y ministerios públicos de la entidad.
Si bien en el país el número de hombres desaparecidos es superior al de las mujeres, se consideran más graves las desapariciones femeninas, porque en el caso de ellas está relacionado con una connotación de género que tiene que ver con su condición corporal de mujeres.
Para mejorar la búsqueda de mujeres desaparecidas, se tienen que identificar los patrones de criminalidad, pero para ello, se tiene que emitir una segunda alerta de violencia de género para dos cosas, hacer sinergia entre los colectivos para que trabajen en forma conjunta y forzar la creación de políticas públicas específicas para este flagelo.
Asimismo se destacó que los colectivos tienen participar en la elaboración de una ley de desaparición porque ellos son los que saben qué se tiene que hacer para prevenir, para accionar, para sancionar y hacer acciones concretas.
