IMPULSO/ Agencia SUN
Ciudad de México
En la sesión ordinaria que concluyó a media noche de este miércoles, la 63 Legislatura aprobó el decreto de creación del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, mismo que sustituye a la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Con dicha norma se cambiarían también al actual auditor, Carlos Altamirano Toledo, y a los dos sub auditores, para elegir a los responsables del nuevo órgano.
Por otra parte, los diputados avalaron también cinco reformas y cuatro nuevas leyes secundarias de la Fiscalía Anticorrupción, y que forman parte del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Se trata de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las leyes orgánicas del Poder Ejecutivo y Poder Judicial, donde se faculta al Instituto de Transparencia y a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, por conducto de sus titulares, para que integren parte del Comité Coordinador de Combate a la Corrupción.
Se reforma también la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, donde se establecen figuras como el contralor interno municipal, comités de contraloría social y establecer la cuenta pública municipal. Se creó la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa que regula el funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al ser este órgano el de sancionar las conductas de los hechos derivados de la corrupción.
Otra legislación de nueva creación es la Ley de Entrega Recepción, que permitirá la continuación del ejercicio gubernamental, la prestación eficiente de los servicios públicos y la entrega transparente del patrimonio y de los recursos públicos.
La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y de los Municipios de Oaxaca, la cual regirá las conductas de servidores públicos, donde establece un código de ética y las hipótesis en que pueden ser sancionados.
Se implanta también la declaración Tres de Tres que instituye a los servidores públicos a realizar sus declaraciones patrimoniales, de impuestos y de conflictos de intereses.
Se creó una nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, donde se precisa la fiscalización de la cuenta y entes públicos y su gestión financiera y el control y registro del patrimonio.
Los diputados legislaron de última hora, debido a que tenía como plazo el 30 de agosto para complementar las leyes relacionadas al combate a la corrupción.
