La presidenta Grabriela Gamboa y 10 miembros del Cabildo fueron demandados por Enrique Tapia Rivera
Julio César Zúñiga Mares/Toluca
Diez miembros del cabildo de Metepec con la alcaldesa Gabriela Gamboa Sánchez a la cabeza, podrían ser suspendidos de la función pública hasta por diez años y ser acreedores a las sanciones que establece la ley por presunta comisión de delito, al haber aprobado la concesión a una empresa privada para la recolección, destino y manejo de los resíduos sólidos en el municipio, afirmó el representante jurídico de los ciudadanos inconformes, Enrique Tapia Rivera.
En conferencia de prensa, el jurista recalcó que dicho acuerdo de cabildo se sustenta más que nada en leyes secundarias y al haber violentado las disposiciones de las constituciones federal y del estado así como la ley orgánica municipal, hay una flagrante irregularidad administrativa de las autoridades y por consiguiente la posible comisión de un ilícito por el ejercicio indebido de la función pública.
Al respecto, informó que se interpuso una demanda denominada por la propia ley, como “acción popular”, el pasado viernes 3 del presente ante el Tribunal de Justicia Administrativa, que determinará en qué sala será estudiado el asunto para otorgar el número de expediente, mediante la cual se pretende salvaguardar el derecho de 45 choferes y 89 ayudantes a mantener su trabajo, en el que algunos están próximos a jubilarse y otros son de reciente contratación.
Tapia Rivera agregó que ese mismo día se ingresó en la Contraloría del Poder Legislativo, con copia a la legislatura, un compendio de las irregularidades administrativas que existen alrededor del caso, mientras que en los próximos días se ingresará la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General de justicia del Estado de México por la posible comisión de tales ilícitos.
En este sentido, consideró que las sanciones que prevé la ley son aplicables al presente caso y por el lado de la legislatura, sería la suspensión y posible revocación del mandato con la posible inhabilitación de los servidores públicos hasta por diez años.
Mientras que por el lado del Tribunal de Justicia Administrativa, se declararía la nulidad de tal acuerdo de cabildo; y por el lado de la Fiscalía General de Justicia, si se considera que existe una posible comisión de delito en el ejercicio indebido de la función pública, se aplicarán las penas correspondientes a todos los implicados en dicho acuerdo.
“Con esto, lo que se pretende es salvaguardar no sólo el derecho de los 134 trabajadores de límpia adscritos la Dirección de Servicios Públicos, sino también el estado de derecho que impera en este país, porque ninguna autoridad puede estar por encima de la ley ni de lo que le faculta la ley, y presumimos los juristas de vivir en un estado constitucional”, concluyó.
