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Decisiones judiciales durante la pandemia

Por Alfonso Pérez Daza

(Académico de la UNAM)

En una colaboración anterior (La ciencia médica vencerá la pandemia, 25/03/20) afirmé que el Covid-19 sería controlado por medio de vacunas. En efecto, en tiempo récord varias empresas farmacéuticas han anunciado que sus vacunas ya están en fase clínica y que, antes de fin de año, podría comenzar la producción para vacunar a todo el mundo. Lo que sinceramente no imaginé o representé entonces, era el daño a la humanidad que ocasionaría la pandemia. Cuando escribí aquel artículo, se habían infectado 300 mil personas aproximadamente, de las que habían muerto 15 mil en todo el mundo. Al día en que éste se escribe ya son más de 16 millones de contagios y 640 mil personas fallecidas a nivel internacional. Por desgracia, aún faltan muchos meses más para conseguir la vacuna.

La rapidez y facilidad con la que se contagia el virus representa un reto sin precedentes para los gobiernos de todo el mundo y, particularmente, para las autoridades encargadas de la salud pública. Conocemos diversas medidas administrativas que tienen como finalidad evitar la concentración de personas, el problema es que los actos de autoridad han restringido derechos y libertades. Durante los últimos 4 meses, se han controvertido muchos y diferentes temas antes los tribunales.

En este difícil contexto, los jueces deben ponderar entre la salud pública y otros derechos humanos. Para entender esta complejidad, resulta ilustrativa la resolución dividida de la Corte Suprema de los Estados Unidos la semana pasada, cuando cuatro Ministros votaron a favor y cinco Ministros en contra de una solicitud de una iglesia cristiana rural en el estado de Nevada. Dicha solicitud pretendía aumentar el límite de 50 personas que estableció el gobierno en la celebración de un culto o misa. El argumento que expusieron los abogados de la iglesia es que deberían ser tratados igual que los casinos, peluquerías, gimnasios, restaurantes y otras empresas que pueden operar al 50 por ciento de su capacidad, siguiendo medidas adecuadas de distanciamiento social. Al ser una iglesia con capacidad de 200 personas, los defensores alegaron que podría permitirse la asistencia de hasta 90 personas a los servicios con las medidas de seguridad recomendadas. No obstante, la solicitud para suspender la restricción les fue negada por la Corte Suprema.

Me sorprendió la trasparencia y contundencia de las declaraciones de los Ministros que fueron minoría. El Ministro Neil M. Gorsuch señaló que “el mundo que habitamos hoy, con una pandemia sobre nosotros, plantea desafíos inusuales, pero no hay un mundo en el que la Constitución permita a Nevada favorecer al Caesars Palace sobre la Capilla del Calvario”. Por su parte, el Ministro Samuel Alito Jr. comentó que “la Constitución garantiza el libre ejercicio de la religión… No dice nada sobre la libertad de jugar dados o blackjack, alimentar fichas en una máquina tragamonedas o participar en cualquier otro juego de azar, pero el gobernador de Nevada aparentemente tiene diferentes prioridades… Que Nevada discriminaría a favor de la poderosa industria del juego y sus empleados puede no ser una sorpresa, pero la voluntad de esta Corte de permitir tal discriminación es decepcionante… Tenemos el deber de defender la Constitución e, incluso, una emergencia de salud pública no nos exime de esa responsabilidad”.

En este difícil caso, la Corte Suprema respaldó a la autoridad estatal en la imposición de restricciones de emergencia en respuesta al Covid-19. La decisión judicial se da en un contexto sanitario sumamente adverso, pues en los Estados Unidos de América han muerto más de 146 mil personas a consecuencia del coronavirus y, en la actualidad, las autoridades debaten si abrirán las escuelas para los menores o si, por el contrario, se debería establecer otra vez una cuarentena obligatoria para contener la propagación del virus. Este es el drama en el que los jueces seguirán tomando decisiones judiciales durante la pandemia.