IMPULSO/María Elena Morera
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¿Cuánto debe gastar el país para desarrollar un sistema de seguridad pública y de administración de justicia que frene la crisis de inseguridad y los casos de terror que viven los mexicanos todos los días? ¿Habrá dinero que alcance para ello? Más aún, ¿qué elementos integran una estrategia adecuada para conseguir esos fines? Esas son algunas de las preguntas que, en materia de seguridad y justicia, debería plantearse el equipo del presidente electo.
Si se observa el presupuesto federal para la seguridad pública (considerando las funciones Justicia, Seguridad Nacional, y Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior), entre 2013 y 2018 se destinaron un billón 464 mil 138 millones de pesos, equivalentes a 6.5% del total del gasto programable. Esta cantidad equivale al 0.7% del Producto Interno Bruto (PIB). Al comparar el presupuesto que destinan otros países a la seguridad, en México los recursos se quedan muy cortos; por ejemplo, en la Unión Europea se destina, en promedio, un 1.7 % del PIB. Nuestro país gasta menos que Croacia (2.3%), Rumania (2%) o Eslovenia (1.7%), según datos del Eurostat Statistics Explained (2016). Para tener un referente más cercano, Colombia gasta alrededor del 3.4% de su producto interno.
En una comparación simple, el monto de gasto para la seguridad pública en 2018 es 28% mayor al ejercido en 2013; es decir, el presupuesto para la seguridad ha ido aumentando en términos nominales, pero se encuentra prácticamente estancado en términos reales. Y, mientras tanto, entre 2013 y 2018, se registraron en el país más de 141 mil asesinatos, más de 8 mil secuestros; decenas de miles de extorsiones, y más de 311 mil vehículos robados con violencia.
Las víctimas y la percepción de inseguridad en el país han ido en aumento. Dado que en nuestro país hay una “cifra negra” de delitos no denunciados superior al 90%, tiene especial relevancia la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe). Según el último reporte de la Encuesta, divulgado hace unos días, en 2017 hubo 33.6 millones de delitos en el país, y 25.4 millones de víctimas. Por su parte, la percepción de inseguridad se ubicó en 79.4% en 2018, muy superior al 74.3% del año pasado.
Por si estas cifras no fueran lo suficientemente aterradoras, en esta administración se registraron 22 mil 302 personas desaparecidas, que equivalen a 62% del total de desaparecidos de 2007 a la fecha. Los casos de desapariciones van de la mano con los hallazgos de fosas clandestinas. De acuerdo con el oficio PGR/UTAG/DG/002853/2018 de la PGR, nada más entre 2017 y 2018 se han encontrado 280 fosas, de las que se exhumaron 784 cuerpos completos y miles de fragmentos óseos. Desafortunadamente, seguirán encontrando fosas, principalmente los familiares de los desaparecidos que, ante la nula respuesta e interés de las autoridades, son los que deben realizar esta dolorosísima tarea. ¿El nuevo gobierno estará considerando presupuesto y capacidades para esta búsqueda, o dejará que las familias continúen deambulando solas, en búsqueda de sus seres queridos?
Las anteriores cifras sí dan cuenta de una bancarrota, de un desastre político, social y humano. Ante este panorama, en el que se acumulan tragedias a diario, el próximo gobierno ha presentado algunas “propuestas”, como son la dignificación y mejoramiento de las condiciones de las policías, pero mientras esos enunciados banqueteros no se aterricen en programas y presupuestos detallados, serán demagogia pura.
Desde luego, ningún presupuesto será del todo suficiente, pero esperemos que los próximos responsables de la seguridad y de la procuración de justicia, estén laborando arduamente para fortalecer a nuestras instituciones, y que pongan el dinero donde están poniendo sus palabras. Colaboraron: Elia I. Ramírez y Crisna Cuchcatla, investigadores de Causa en Común.
Twitter: @MaElenaMorera
