IMPULSO/ Agencia SUN
Managua
Daniel Ortega asumió su tercer quinquenio consecutivo como presidente de Nicaragua desde 2007 y su esposa, Rosario Murillo, jurará a la vicepresidencia y quedará en la línea inmediata y directa de sucesión con el control de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Municipal y Electoral; y asentados en el mando del ejército y de la policía, y en lo que la arrinconada oposición política describe como dictadura.
A la juramentación presidencial acudieron sus socios de la izquierda regional: Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y El Salvador.
Ortega y Murillo “deben decir si pesa más la familia o la verdadera voluntad del pueblo de Nicaragua”, pidió el nicaragüense Carlos Tunnermann, quien fue ministro de Educación y embajador en EU en los 11 años de la revolución izquierdista depuesta en elecciones en 1990 e instalada con el triunfo bélico del ahora gobernante y ex guerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional sobre la dictadura somocista, que gobernó 45 años.
“La falta de independencia de los poderes, la violación de los derechos humanos y la concentración de poder en una pareja generan un ambiente favorable en Washington para sancionar a Nicaragua”, alertó Tunnermann, miembro de un grupo opositor, que reiteró ayer que Ortega venció en noviembre pasado en una farsa electoral, sin participación de los principales partidos opositores.
En su defensa, el gobierno rechazó las acusaciones y alegó que, según cifras oficiales, la pobreza se redujo de 42% a 29.6% y la pobreza extrema de 14.6% a 8.3% de 2007 a 2016, en las administraciones de Ortega. Pese a “las distorsiones de la derecha bananera por proyectar un panorama apocalíptico, el clima de inversión en Nicaragua es el más favorable en los últimos ocho años”, escribió el periodista nicaragüense Edwin Sánchez, uno de los más importantes defensores de la pareja.
Ortega y Murillo jurarán bajo asedio foráneo por falta de democracia. El “Nica-Act”, un paquete de sanciones económicas de Washington a Managua, fue aprobado por los partidos Demócrata y Republicano por consenso en septiembre de 2016 en la Cámara de Representantes de EU.
Si ese proyecto es refrendado por el Senado, EU bloqueará el acceso de Nicaragua a unos 300 millones de dólares. Convertida en ley, también alejará la inversión privada extranjera directa, por unos mil 500 millones de dólares anuales, mientras sigan sin certificarse elecciones libres y honestas, entre otras medidas.
