Dan 40 años de cárcel a presunto capo de “Los Caballeros Templarios”

IMPULSO/ Agencia SUN
Ciudad de México
Un juez federal dictó sentencia condenatoria de 40 años de prisión contra Saúl Solís Solís, “El Lince” y/o “El Viejo del Sombrero”, quien fuera uno de los principales lugartenientes del grupo criminal “Los Caballeros Templarios”, por delincuencia organizada.
Además, el juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, también le impuso al hoy sentenciado, 700 días de multa.
Solís Solís, primo del abatido capo michoacano Enrique “Kike” Plancarte Solís, quien junto con Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, fungían como cabecillas de “Los Caballeros Templarios”, fue detenido en 2011, al cumplimentarse la orden de aprehensión en su contra, por lo que quedó interno en el penal federal de Puente Grande, Jalisco.
De acuerdo con autoridades federales, era el encargado ante dicha organización delictiva, del control de la siembra y cosecha de enervantes, tráfico de droga y manejo de laboratorios clandestinos, extorsiones, secuestros y homicidios en los municipios de La Huacana, Ario de Rosales, Nuevo Urecho, Tacámbaro y Turicato, Michoacán, así como en el Estado de México.
Del periodo 2003-2005, se desempeñó como director de Seguridad Pública de Turicato, municipio de la Tierra Caliente michoacana.
Se le vincula con diversos ataques a las instalaciones de la Policía Federal en los municipios de Lázaro Cárdenas, Uruapan, Apatzingán y Morelia, realizados el 9 de diciembre del 2009.
Solís Solís, fue uno de los principales responsables de la agresión en contra de personal militar por integrantes de este grupo criminal el 1 de mayo del 2007, en Carácuaro, donde perdieron la vida un coronel y cuatro elementos de tropa.
Con Solís Solís, también fueron detenidos Mario Alberto Gordillo Rodríguez, “El Mayo”, su operador financiero, José Cuitláhuac Rodríguez Rangel y un menor de edad; a los detenidos se les aseguraron dos armas de fuego y dos vehículos.
La Procuraduría General de la República ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de pesos a quien aportara información útil que permitiera su ubicación y detención, toda vez que se encuentra identificado como probable responsable de la comisión de delitos del orden federal.