Hace menos de un lustro, en el Estado de México se necesitaba de una partida especial de cuatro mil millones de pesos para cubrir las necesidades de mantenimiento en las escuelas públicas, sin contar el rezago en plazas de conserjes, veladores o secretarias que se pagan con las cooperaciones de los padres de familia. Se imagina a cuánto se elevó esa cifra, ahora que los planteles estuvieron cerrados y muchos de ellos fueron vandalizados.
¿Se tendrán los recursos suficientes para los insumos que se requieren para cumplir los protocolos de higiene y sanidad que implica el regreso a clases presenciales en medio de la pandemia por Covid-19? Es más que obvio que las aportaciones de los papás, tendrán que hacer el quite.
En una estimación que hizo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, antes de la pandemia, cada plantel educativo requería por lo menos cien mil pesos por año lectivo, para que pueda omitir las cuotas de inscripción que aportan los papás. Por tanto, las cooperaciones escolares, aunque son “voluntarias”, hoy más que nunca resultan indispensables y necesarias.
El presupuesto educativo en la entidad destina 96.8% a salarios del sector, lo restante, 3.2% se aprovecha para infraestructura y nuevos proyectos. Es un hecho que el gobierno federal ni estatal tendrán los recursos para sanitizar las escuelas, mucho menos para colocar señalamientos, adquirir gel antibacterial, cloro, para comprar las pipas de agua en los planteles que no cuentan con este servicio o bien pagar el servicio de energía eléctrica.
Por el lado de los insumos, mantenimiento y pago al personal de apoyo, véase conserjes, el regreso a clases presenciales representa todo un desafío. No la tienen fácil los directivos y los maestros, porque por más que exijan a los papás, de acuerdo con la Ley de Educación, no pueden exigir el pago de las cooperaciones escolares, ya que no existe cuota alguna que pueda condicionar la prestación del servicio, la permanencia en la escuela, ni mucho menos el otorgamiento de documentos.
De hecho, en las oficinas educativas, estatales y federales, se pueden presentar denuncias para castigar este tipo de condicionamientos. En la entidad, existe un Reglamento para las Asociaciones de Padres de Familia, donde se indican las atribuciones que tienen y que deben enfocarse en necesidades prioritarias de mantenimiento, rehabilitación, instalaciones y servicios de las escuelas.
Los montos que comprenden esas cuotas varían según las necesidades de cada plantel educativo y la matrícula, van desde 250 pesos por alumno, hasta 750 u 800 pesos. El problema es que en ocasiones se convierten en factor de discriminación, cuando se exhiben listas o se colocan los nombres de los alumnos que no pagaron.
No obstante, ante los requerimientos que tiene el sistema educativo estatal, con la matrícula más grande del país, con 3.5 millones de alumnos en el nivel básico y con un protocolo sanitario que exige el cumplimiento de diez acciones para el regreso a clases presenciales, hoy más que nunca resulta fundamental que los padres de familia mantengan su ayuda, no sólo en las aportaciones económicas, sino en el respaldo que darán en las escuelas, pues hay planteles que no tienen quién haga la limpieza.
El reto es contar con esas cuotas y garantizar que tengan un manejo honesto, transparente y sirvan para mejorar las condiciones de sanidad en cada plantel educativo.
