IMPULSO/ Agencia SUN
Ciudad de México
El alcalde de esta ciudad, Cuauhtémoc Blanco Bravo, determinó “congelar” la solicitud de juicio político contra el gobernador Graco Ramírez, que presentó el 30 de diciembre ante la Cámara de Diputados, y ahora llevará la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por tratarse “sobre el uso y destino de participaciones federales”.
En un comunicado el ayuntamiento de Cuernavaca expuso el cambio de estrategia para “evidenciar y combatir las conductas denunciadas de diversos servidores públicos del Estado”, y señaló que por el momento en la denuncia ante la PGR y en el momento oportuno, si así lo consideran necesario, “se dará continuidad al juicio político”.
En dicha solicitud Blanco Bravo aludió diversas violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos por el supuesto “acoso y hostigamiento político” al que fue sometido para separarlo del cargo. Blanco goza de una suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que lo protege contra actos de los Poderes Legislativo y Judicial.
El sábado pasado el presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar (PAN), dijo que para que la petición de juicio político sea analizada por los legisladores requería de la ratificación por parte del edil, lo cual supone que no será realizado por el cambio de estrategia legal.
Precisó que el procedimiento legislativo que corresponde al caso es turnarlo a la Comisión de Examen Previo, que se integra por diputados de las Comisiones de Justicia y Gobernación. Sin embargo señaló que es indispensable que previamente y dentro del término de tres días se presente personalmente el iniciador a ratificar su escrito mediante comparecencia, de lo contrario el juicio se tendrá por no presentado.
Cuestionado sobre los motivos que se invocan para pedir juicio en contra del ejecutivo y legislativo local, explicó que de cumplirse con la ratificación marcada en la Ley, se podrá abrir a la discusión pública los señalamientos y argumentos, mientras tanto, resultaría improcedente. Pero el ayuntamiento de Cuernavaca emitió un comunicado para informar que “después del análisis realizado por los asesores jurídicos del Ayuntamiento se determinó dar parte a la PGR, cuya autoridad determinará la responsabilidad, no sólo administrativa, sino también penal que corresponda contra el gobernador”.
También informó que de acuerdo con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se promoverá ante la Auditoría Superior de la Federación la denuncia respectiva en contra de todos aquellos servidores públicos del Estado de Morelos que han dispuesto recursos federales que originalmente correspondían a los municipios del estado.
“Por lo que hace a las conductas denunciadas de los demás servidores públicos, se hará valer la defensa que en derecho corresponda, para evitar que se sigan cometiendo conductas que transgreden la autonomía municipal, en perjuicio de los Cuernavacenses”, cita el comunicado.
En la denuncia de juicio político el alcalde de Cuernavaca acusa al gobernador Graco Ramírez de dilatar la entrega de las partidas presupuestales a la comuna capitalina.
Al ex alcalde Jorge Morales Barud (2012-2015) lo responsabiliza de heredar diversas irregularidades financieras, mientras que a 29 de los 30 diputados les imputa la violación a la Constitución y a la autonomía municipal, así como el extralimitarse en sus facultades y violar el debido proceso en los distintos casos en su contra.
