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Alejandra Barrales

La impunidad y normalización de la exacerbación de las violencias hacia las niñas, adolescentes y mujeres es lo que nos ha llevado a que se registren feminicidios como el de Ingrid y Vanessa, en el que sus parejas sentimentales, con un grado de violencia extrema les arrebataron la vida en plena Ciudad de México.
Los feminicidios de Ingrid y Vanessa se registraron en céntricos condóminos de la segunda metrópoli más grande a nivel mundial, en la que sus vecinos refirieron haber escuchado discusiones y gritos, pero que no fueron suficientes para que alertaran a las autoridades.
Esa normalización de la violencia evidenció la indiferencia y falta de empatía social frente a las violencias de género que las niñas, adolescentes y mujeres viven día a día en cualquier lugar del territorio nacional.
Pero Ingrid y Vanessa no sólo fueron víctimas de sus feminicidas, sino que fueron revictimizadas al darse a conocer las fotografías de las escenas de los crímenes en las redes sociales y por el tratamiento informativo de algunos medios tradicionales.
La filtración de las fotografías de la escena del crimen refleja la corrupción de las corporaciones policiales, pero también la ausencia de la perspectiva de género en quienes investigan e integran las carpetas judiciales.
El feminicidio de la modelo brasileña, Vanessa, se conoció porque la familia lo denunció en medios de Brasil. Sucedió el 1 de febrero, de acuerdo con los familiares, alrededor de las 6:50 de la mañana su pareja sentimental la arrojó desde el departamento que habitaba. Ella cayó unos seis metros.
Familiares y amigos, han señalado a Eugenio N, empresario vinculado a empresas de tecnología como Performance Talent Consulting Internationa, como el agresor de la modelo brasileña de 33 años de edad. Afirman que hay imágenes de las cámaras de seguridad del edificio, en las que se ve al empresario saliendo del lugar, en automóvil, poco después de la muerte de Vanessa.
Una vez más, como en el caso de Abril Pérez Sagaón, el agresor está plenamente identificado, pero la fiscalía ha mostrado incapacidad para detenerlo, al día de hoy no ha sido localizado.
El Fiscal General de la República, reconoció que de los 33 millones de delitos que se cometieron en 2019, el 99% quedaron impunes, situación que se replica en los delitos de las violencias de género.
Es la impunidad y la falta de los lentes de género en la procuración y administración de justicia lo que explica el por qué, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el feminicidio ha registrado un incremento del 137% en los últimos cinco años.
En 2019 se cuantificaron casi tres mil muertes de mujeres, pero sólo mil seis casos fueron clasificados como feminicidio.
El homicidio de una mujer no siempre es un feminicidio, pero es importante que por protocolo se investigue como tal para después descartarlo como una línea de investigación y con ello combatir la impunidad y la vulneración de los derechos de las víctimas.
Se debe mantener el tipo penal de feminicidio porque visibiliza la violencia que sufrimos las mujeres y nos enruta hacia su erradicación.
Debemos recordar que la inclusión del tipo penal “feminicidio” en el Códigos Penales Federal y Estatales es una de las conquistas más significativas en la lucha de las mujeres para erradicar todas las formas de violencia contra la mujer en el mundo.
Está sustentada, en recomendaciones, convenciones, protocolos e instrumentos internacionales y nacionales.
Se deben mantener las acciones afirmativas, pero también avanzar en el establecimiento de políticas públicas para la persecución y combate de este flagelo.
Estamos frente a una estrategia fallida de seguridad, por ello la ruta debe ser el fortalecimiento del Sistema de Justicia mexicano, para responder con empatía y sensibilidad ante el sufrimiento de las familias, ante una realidad en la que cada día a 10 niñas, adolescentes y mujeres les es arrebatada la vida de una manera más atroz.
Twitter: @Ale_BarralesM