IMPULSO/Alfonso Pérez Daza
Artículo
Para alcanzar la paz social es necesario restringir los factores de riesgo que mantienen en crisis de seguridad a México. El Estado es el responsable de garantizar la seguridad pública y la protección de los derechos humanos. Ante ello, la violencia armada es uno de los elementos que más perturban la vida social. Existe un debate internacional entre el derecho a poseer armas para fines de protección personal o la necesidad de controlar, o prohibir su uso, en aras de eliminar la violencia. Esta última postura ha ganado adeptos en vista de la proliferación de armas ligeras y la facilidad con la que son utilizadas por bandas criminales.
En nuestro país, el artículo 10 constitucional garantiza a todos los ciudadanos el derecho a la posesión y portación de armas. De acuerdo con la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la posesión de armas se refiere a su uso dentro de un domicilio, mientras que la portación implica su traslado fuera del mismo. Para ambos casos, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos regula las condiciones, requerimientos y tipos de armas que puede tener la ciudadanía.
En mi opinión, el derecho a poseer armas es de carácter auxiliar, es decir, su fin último no es el hecho de tener un arma sino el medio para salvaguardar otros derechos, como la seguridad y la legítima defensa. Por esa razón, la ley prohíbe expresamente el uso de armas de grueso calibre, pues éstas rebasan el objetivo de protección personal y, dada su letalidad, se constituyen en una amenaza para la seguridad pública.
Un Estado constitucional debe monopolizar el uso de la violencia legítima. El problema es la proliferación de armas de grueso calibre en manos del crimen organizado. No podemos ignorar la correlación entre la disponibilidad de armas y la situación de violencia en México: fuentes oficiales señalan que los homicidios dolosos cometidos con arma de fuego escalaron en una década, al pasar de 3,610 en 2006 a 16,949 en 2017. Lo anterior sucede a pesar de los esfuerzos por asegurar armas y las campañas de entrega voluntaria de las mismas.
De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Estados Unidos es el mayor exportador de armas del mundo con el 50.29% del valor total de la comercialización de armas convencionales. En correlación, de acuerdo con el “Small Arms Survey” de Ginebra, Suiza, México es el séptimo país con más disponibilidad de armas, existen alrededor de 16 millones 800 mil armas legales e ilegales. Evidentemente, esto supone un enorme reto, se pueden comprar armas legalmente en Estados Unidos y traficarlas ilegalmente hacia las organizaciones criminales en México.
No debemos olvidar que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos permitió el ingreso ilegal a México de 2,500 armas para venderlas a presuntos criminales con el objetivo de rastrearlas e identificar a los responsables del tráfico ilegal. Pero esa operación, denominada “Rápido y furioso”, fue un fracaso: los criminales en México recibieron el armamento con total impunidad, incluso con una de ellas fue asesinado el agente norteamericano Jaime Zapata de la Oficina de Inmigración y Aduanas, en febrero de 2011 en San Luis Potosí. Hasta hoy no se sabe quiénes fueron los responsables ni las consecuencias jurídicas del delito que se cometió en nuestro país por parte de autoridades norteamericanas.
Ante este problema sería conveniente conocer la estrategia del gobierno federal, máxime que ahora el delito de portación de armas ya no amerita prisión preventiva oficiosa. Esto significa que una persona detenida en flagrancia con un rifle de alto poder puede obtener su libertad inmediatamente y defenderse mientras dure el proceso en su contra sin estar en prisión, siempre con el riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia.
