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IMPULSO/ José García Segura

Columnista político

Millones de niños quedarían sin clases en los días por venir, si el conflicto magisterial que se vive en Michoacán se extiende a los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero; por solidaridad, a 17 entidades y, al resto del país.

El bloqueo a las vías del tren inició hace casi un mes (el 14 de enero) en la región Tierra Caliente. Hoy está presente en los municipios de Uruapan (Caltzontzin), Lázaro Cárdenas, Maravatío, Pátzcuaro, Nueva Italia, Yurécuaro y La Piedad.

Hace dos semanas, los docentes levantaron el mayor de los bloqueos, pero solo por unas horas.

Plantón y paro laboral se mantienen, al parecer porque los gobiernos federal y del estado les adeudan millones de pesos en salarios.

Partidos políticos como Acción Nacional (PAN) aseguran que los bloqueos impiden que millones de productos lleguen a su destino en las zonas industriales de Nuevo León, Coahuila, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, y Michoacán, así como a 56 municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México, integrada por la ciudad capital y los estados de México e Hidalgo.

El PRI por su parte estima que el problema no se resuelve repartiendo dinero sino atendiendo el conjunto de demandas.

El PRD se solidarizó con su gobernador.

En ese escenario, el presidente de México y líder moral del partido MORENA, Andrés Manuel López Obrador interpuso una queja ante la CNDH, pero el organismo defensor de Derechos Humanos se deslindó: “Las autoridades están obligadas a proteger y garantizar los derechos de las personas, mandato al que no pueden renunciar o pretender delegar a terceras instancias”.

Te lo digo yo, “Juan” para que lo entiendas tú, “Pedro”.

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