IMPULSO/César Camacho
A 10 años de su promulgación y dos de la entrada en vigor en todo el país, el sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, entra en fase de consolidación, enfrenta grandes desafíos y exige nuevo impulso.
Avanza en el sentido correcto y ya muestra beneficios aunque, como es natural en todo proceso de transformación, recibe no pocas críticas que, bien analizadas, resulta claro que obedecen a fallas de origen en las instituciones que operan el sistema y evidencian las comprensibles, aunque injustificadas, resistencias al cambio.
Pasan por alto que no se han implementado suficientes políticas de prevención del delito y las que existen se desarrollan de modo intermitente y aislado; que la policía no realiza investigaciones que esclarezcan los delitos y permitan detener y presentar ante la autoridad a los culpables, después de una investigación tan profunda como contundente, pues el 99% de los detenidos son capturados en flagrancia, conforme a datos del Consejo de la Judicatura Federal; que el Ministerio Público no echa mano de los recursos jurídicos que el nuevo sistema de justicia le provee para facilitar su trabajo y, por el contrario se continúa abusando de la prisión preventiva oficiosa.
Con la pura enunciación de esos desafíos, emerge la primera y más relevante de las acciones que es urgente emprender: la capacitación, haciendo énfasis en su aspecto cualitativo, pues salta a la vista que los operadores del sistema, notoriamente los policías y ministerios públicos, todavía no están suficientemente capacitados para operar con él, sobre todo en lo tocante a la realización de investigaciones con método y recursos científicos, respaldados por peritos competentes y bien equipados, así como en la preparación de los casos que el MP debe presentar ante el juez.
Por supuesto eso no es todo; el sistema de justicia penal requiere nuevo impulso a partir de una política criminal integral y coherente; que abarque la prevención, la investigación, la procuración y la impartición de justicia, así como la reinserción social; política de Estado que esté a cargo de una instancia coordinadora de los esfuerzos nacionales.
También desde el punto de vista legislativo la ruta es clara, es preciso reformar la Constitución para eliminar el arraigo y, además transitar hacia la eliminación paulatina de la prisión preventiva oficiosa; suprimir la vinculación a proceso para, entre otras cosas, agilizar las audiencias iniciales redefiniendo la fase de investigación y el momento de judicialización del proceso; dotar de autonomía técnica a la policía para que quede claro lo que le compete: investigar y, al fiscal, construir los casos y llevarlos ante los tribunales penales; y revisar la figura del amparo, particularmente el amparo indirecto que suele colisionar con el modelo acusatorio.
A dos años de vigencia plena, es necesario ahuyentar las voces y con ellas las tentaciones regresivas; el 10 aniversario, pero sobre todo el episodio electoral que vivimos, son oportunidades para consolidar la justicia penal que el país merece, eso significa corregir lo que se deba, pero perseverar en el esfuerzo para vivir en una sociedad con libertad, justicia y paz. Twitter: @CCQ_PRI
