Confirman extradición de “Porky”

IMPULSO/ Agencia SUN
Ciudad de México
El pleno de la sala penal de la Audiencia Nacional española confirmó oficialmente la extradición a México de Diego Gabriel Cruz Alonso, dictamen que se filtró a la prensa desde el pasado viernes 2 de diciembre.
Los magistrados españoles desestimaron el recurso de súplica presentado por la defensa de Cruz Alonso el 28 de octubre, y accedieron a la extradición del joven de 21 años al considerar que se daban todos los requisitos para la entrega y que Cruz debía ser juzgado en México por “pederastia tumultuaria”, tras la violación de una joven de 17 años en Veracruz en 2015.
Cruz, uno de los conocidos como “Porkys de Costa de Oro”, alegó en este último recurso que no procedía su extradición porque los hechos denunciados por la menor veracruzana debían ser considerados un delito de abuso sexual o una falta de vejaciones, de acuerdo con el Código Penal español, por lo que no se llegaría al mínimo punitivo establecido (2 años) para el encarcelamiento en España o la extradición.
Su defensa también argumentó que el joven cuenta con nacionalidad española y eso invalidaría su entrega. Por último, Cruz aseguró que se vulneraron sus derechos porque había sido sometido a un proceso social que en México había adquirido cotas mediáticas que menoscaban su derecho a un justo enjuiciamiento, por lo que los jueces españoles desestimaron todos sus alegatos y señalaron que los hechos que se le imputan son constitutivos en el Código Penal español por el delito de agresión sexual, castigado con hasta 10 años de prisión cuando “son acometidos conjuntamente”.
Respecto a la doble nacionalidad de Cruz Alonso como obstáculo para su entrega, los jueces subrayaron que ni en la Constitución ni en el tratado bilateral de extradición entre España y México “se excluye la entrega del nacional”, más aún en el caso de Cruz, quien al momento de su detención llevaba en España sólo tres meses, por lo que los jueces consideran razonable el juicio se lleve a cabo en México.
En cuanto a la repercusión mediática, el pleno destaca que de ésta “no puede deducirse afectación alguna de la imparcialidad debida predicable de los órganos judiciales, ni de la efectividad de la garantía de ser sometido a un juicio justo”.
También rechazaron el argumento de Cruz sobre el mal estado de las prisiones en México y concluyeron que no existen motivos para dudar de que “las autoridades mexicanas velarán por los derechos del acusado”.
La resolución de los jueces marca el final de un proceso judicial que inició cuando, tras su detención en Madrid el 10 de junio, Cruz Alonso se negó a ser extraditado de inmediato.
La defensa ha intentado retrasar el regreso de Cruz a México, y en su última súplica incluso obligó a los juzgados españoles a requerir de nuevo toda la documentación del caso, sin que la audiencia detectara ningún error.
La autorización de una extradición sólo ocurre en casos que impliquen peligros para la seguridad o la soberanía nacional, o existan indicios de injerencias políticas o judiciales que impidan un proceso justo.
Fuentes del gobierno español aseguran que el caso de Cruz podría llegar al consejo el 16 de diciembre. Una vez firmada la orden, Cruz sería entregado a los agentes enviados a Madrid desde México para su traslado.