La dilatación en el Senado para concluir la aprobación del llamado Plan B de la reforma electoral pondrá a contrarreloj a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual tiene hasta el 2 de junio para resolver bajo cuáles reglas se llevará a cabo la renovación de la Presidencia de la República en el 2024.
Sin embargo, el retraso para cumplir con el procedimiento legislativo también logró que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) finalmente fuera escuchado por el Legislativo, y el personal técnico y de campo expusiera los riesgos e impactos reales que los cambios de la reforma traería a las elecciones.
Previo a la reunión, se le cuestionó al consejero presidente, Lorenzo Córdova, sobre esta posposición del asunto, quien señaló que confiaban en ser escuchados, aunque reconoció que la aprobación con estos cambios y riesgos, es inminente.
“Espero que generemos las condiciones de diálogo que hasta ahora no han estado presentes, el INE ya hizo un informe con datos concretos y lo hemos hecho llegar a todos los actores políticos, con la esperanza de que se dé una discusión.
“Esperaría que esas sean las razones que eventualmente están detrás de esto, que aunque entiendo, no es un retraso, son los tiempos legislativos para que se discuta en comisiones y en el Senado, pero que se tomen en cuenta nuestros puntos de vista meramente técnicos”, dijo.
Una vez que el Senado apruebe el Plan B que rediseña el sistema electoral, podrán desatarse una ola de impugnaciones, amparos y controversias, por considerar que esta reforma va en contra de la Constitución, atenta contra el avance de la democracia, y viola los derechos laborales de miles de trabajadores del INE y los político-electorales de la ciudadanía.
