IMPULSO/ Agencia SUN
Chiapas
gobierno de Chiapas se declaró listo para dar cumplimiento al fallo del Tribunal Agrario sobre la resolución del conflicto de límites entre Chenalhó y Chalchihuitán, y aseguró que se previó que quienes no sean beneficiados con el fallo, reciban apoyos directos, vivienda digna y proyectos productivos para salir adelante, aseguró el secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda.
Después de una reunión de trabajo con delegados federales, Gómez Aranda aseguró que ambos municipios seguirán recibiendo ayuda necesaria.
“Podemos decir, sin titubeos, que estamos listos y que los compromisos se cumplirán a cabalidad, en donde la instrucción del gobernador Manuel Velasco Coello es ir resolviendo todas aquellas necesidades que durante años estuvieron pendientes, en beneficio de las familias de ambos municipios”, enfatizó.
El delegado federal de la Secretaría de Gobernación en Chiapas, Antonio Villanueva Escalera, reiteró el compromiso de conjuntar esfuerzos para dar cumplimiento a las indicaciones del titular, Miguel Ángel Osorio Chong, de brindar respaldo para generar los mecanismos de distensión y seguridad que se requieran, así como para la atención permanente a los habitantes de ambos municipios.
Gómez Aranda informó que además de la ayuda humanitaria a través de las secretarías de Protección Civil, Salud, DIF Chiapas, con apoyo del Ejército Mexicano, en los próximos días se seguirá fortaleciendo la seguridad de la zona con más elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
En la reunión estuvieron también los delegados federales de Sedatu, Rubén Antonio Zuarth Esquinca; de Sedesol, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez; de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, entre otros.
Piden medidas cautelares por conflicto
En espera de la resolución agraria del conflicto de límites en los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, previsto para la próxima semana, 49 organizaciones civiles y de derechos humanos del país y el extranjero exigieron aplicar medidas preventivas y cautelares por el “continuo riesgo “a la vida, integridad y seguridad de las comunidades de Chenalhó y Chalchihuitán”.
El riesgo, advirtieron, se extiende a las personas que transitan por la región, y por la falta de atención eficaz del gobierno estatal, ante la emergencia humanitaria por desplazamientos de personas y por amenazas de “acciones drásticas de los agresores”.
Aseguraron que “el estado de sitio” a las comunidades de Chalchihuitán se mantiene y agrava, como una forma de control de la población y el territorio basado en infundir terror, con la protección de la alcaldesa de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, y la omisión del gobierno de Chiapas.
Y que la situación de emergencia se acentúa con la amenaza de “actuar drásticamente en contra de los comuneros de Chalchihuitán” si el Tribunal Unitario Agrario no emite una resolución definitiva a favor del municipio de Chenalhó el 15 de diciembre”.
Esto lo refiere el acta de acuerdo, suscrita por las autoridades de bienes comunales de San Pedro Chenalhó y por el consejo de vigilancia, así como por los presidentes de comisariados ejidales de Puebla, Manuel Utrilla, Santa Martha que conforman 19 comunidades, La Libertad y Miguel Utrilla Los Chorros, fechado el 5 de diciembre de este año, aseguraron.
La denuncia la expresaron la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas, la Red por la Paz en Chiapas (conformada por 10 organizaciones en Chiapas), así como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos. (integrada por 84 organizaciones en 23 estados de la república).
Firman además, el Colectivo de Adherentes a la Sexta Barcelona, el Grupo de Trabajo No Estamos Todos y la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas, entre otras más.
En Tuxtla Gutiérrez, el grupo de 200 representantes comunitarios y pobladores de Chalchihuitán, levantaron el ” plantón” de cuatro días afuera de la sede del poder Ejecutivo tras acusar al gobierno estatal de falta de voluntad política e in capacidad para resolver el conflicto.
Marcos Gómez, representante comunitario dijo que se agotó la posibilidad de diálogo con el gobierno por su negativa a resolver sus demandas emergentes.
“Volvemos a nuestras comunidades para realizar asambleas en cada poblado y determinar qué plan de acción tomaremos fuera del gobierno”, sostuvo.
