IMPULSO/Santiago Corcuera
(Profesor de derechos humanos en la Universidad Iberoamericana)
Columna
El pasado 30 de agosto, se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Esa mañana, el Gobierno Federal, en voz del Subsecretario de Derechos Humanos y Migración de la Segob, Alejandro Encinas, y en presencia del presidente López Obrador, hizo dos anuncios de mayor importancia, relacionados con el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED por sus siglas en inglés). México es parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (la “Convención”) desde el 28 de diciembre de 2010, fecha en la que entró en vigor dicha Convención. México, por lo tanto, se encuentra entre los primeros 20 estados partes de la Convención, que actualmente cuenta con más de 50 estados partes.
Una de las funciones del CED consiste en recibir, revisar y evaluar los informes que los estados deben presentarle respecto del nivel de cumplimiento de sus obligaciones en la implementación de la Convención en su parte sustantiva. El estado mexicano ha comparecido ante el CED en dos ocasiones, la primera en febrero de 2015, para sustentar el examen de su informe inicial, y la segunda en octubre de 2018, cuando compareció a una audiencia de seguimiento de las observaciones que el Comité le formuló en 2015.
En opinión del CED, en México existe un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte de su territorio, muchas de las cuales pudieran ser desapariciones forzadas. Es importante aclarar que la desaparición forzada es cometida por agentes del Estado, o por particulares que actúan con la autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado. La Convención también se refiere a las desapariciones cometidas por particulares, sin participación de agentes estatales.
Ante dicha situación, el CED ha solicitado a México le extienda una invitación para realizar una visita oficial y poder evaluar, en el terreno, la situación relativa a las desapariciones en nuestro país. Uno de los anuncios que el gobierno federal hizo el pasado 30 de agosto fue precisamente que le extendería tal invitación al CED para que pueda visitar México durante el año de 2020. Esta es una excelente noticia, pues abrirá la posibilidad de que el CED pueda evaluar la situación de primera mano, y ofrecer a México sus recomendaciones para hacer frente a la profunda tragedia humanitaria en la que se encuentra envuelto.
Otra de las competencias del CED se refiere al conocimiento de casos individuales. Para que el CED pueda ejercer esta competencia, es necesario que el Estado parte, no solamente haya ratificado la Convención, sino que además haya formulado una declaración expresa de reconocimiento de la competencia del CED para conocer de casos individuales. El Estado mexicano no hizo tal declaración de competencia al momento de ratificar la Convención, y desde entonces las víctimas en nuestro país han venido exigiendo que el gobierno de México haga tal reconocimiento de competencia. El gobierno de Peña Nieto prometió que promovería el reconocimiento de dicha competencia, en el programa de derechos humanos, específicamente en la línea 3.3.3. Sin embargo, no obstante que presumía que lo que firmaba lo cumplía, Peña Nieto se fue sin haber honrado su palabra.
En febrero, el subsecretario Encinas anunció que se haría el reconocimiento de la competencia del CED para conocer de casos individuales. Nuevamente, el 30 de agosto, el gobierno volvió a formular públicamente este compromiso, indicando que se daban instrucciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores para tal efecto.
La instrucción fue clara y precisa; sin embargo ya han pasado tres semanas y no tenemos noticias de que la Secretaría de Relaciones Exteriores haya cumplido las instrucciones presidenciales. Esperemos lo haga pronto, y además formalice la invitación para que el Comité visite nuestro país, pues como el Presidente dice: “los compromisos se cumplen”.
Twitter: @CORCUERAS
