IMPULSO/ Agencia SUN
Ciudad de México
La nueva norma de verificación vehicular para la zona metropolitana del Valle de México considera que los autos nuevos no verificarán durante los dos primeros años y después de su primera verificación, tendrán otros dos más sin realizar este trámite, de acuerdo con el proyecto de NOM 167 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Actualmente un auto nuevo tiene 30 días para verificar inmediatamente después de ser adquirido y así obtener la calcomanía doble cero que le permite circular todos los días.
La norma de verificación vehicular que está vigente para la Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala es una norma de emergencia que concluye el próximo 30 de junio, por lo que Semarnat publicará la nueva norma en los próximos días.
“Los vehículos nuevos para uso particular, cuyo peso bruto sea mayor a 400 kilogramos y hasta 3 mil 857 kilogramos, que utilicen gas natural o gasolina y que cuenten con los monitores obligatorios estarán exentos de la verificación vehicular por un periodo de dos años a partir de su adquisición.
“Y deberán acudir a la verificación vehicular de acuerdo con el método Sistema de Diagnóstico a Bordo (OBD) al término del segundo año de su adquisición para que, de ser aprobado, se prorrogue por dos años más esta exención”, indica el proyecto puesto a discusión en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
Los vehículos nuevos a diésel sólo dejarán de verificar durante los dos primeros años, mientras que los vehículos año modelo 2006 y posteriores tendrán que verificar mediante el sistema OBD y aquellos vehículos que no tengan los monitores OBD verificarán mediante la tradicional prueba dinámica.
El sistema de diagnóstico a bordo (OBD) es el conjunto monitores diseñados para que el auto realice un diagnóstico de los componentes relacionados con el control de emisiones de contaminantes.
Arturo Rangel, presidente del sector de la Industria Automotriz de Canacintra, dijo que la norma debe ser revisada para que obligue a aprobar sólo los monitores necesarios para controlar las emisiones.
